Sobre un Sistema Nacional Anticorrupción
“Las formas democráticas tienen escasa entidad cuando la vida de un país (producción, comercio, medios de comunicación) está dominada por tiranías privadas en un sistema feudal-industrial, donde la clase trabajadora está subordinada al control de los directivos y la política se ha vuelto la sombra de las grandes empresas sobre la sociedad.”
John Dewey
Por Enrique F. Pasillas P.
México ocupa el último o el penúltimo lugar, según el año que se mire, entre los 34 países de la OCDE en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Así, según la ONG International Transparency, México está al nivel de países como Gabón, Níger o Argentina en materia de corrupción; lejos de los menos corruptos de Iberoamérica: Uruguay, Chile o Costa Rica. (México entre los países más corruptos, ww.cnnexpansion.com/economia/2013/12/03/mexico-con-mala-posicion-en-corrupcion).
Luego, no es extraño que la confianza en las instituciones públicas, políticos y partidos está en su nivel más bajo, según informaciones dadas a conocer por el INE en su Informe-País del año pasado.
Con ese marco, más el intento de restauración autoritaria del viejo régimen, un compromiso hecho por el gobierno actual en su intento por obtener algún grado de legitimación pública, ha sido contribuir a la creación de un sistema nacional de combate a la corrupción, que hasta el momento no ha sido concretado después de dos años de gobierno.
Así, la Cámara de Diputados aprobó recientemente un dictamen para crear un Sistema Nacional Anticorrupción que fue enviado al Senado para su aprobación y posterior recorrido por las legislaturas de los estados. Este sistema se enfoca básicamente a contener la corrupción pública, pero hace falta incluir en el mismo a los privados locales y foráneos, pues sin ellos la corrupción no se puede entender.
Los aspectos a destacar son:
- a) Promulgación de una Ley General de Transparencia, que en ese sentido abarcará todos los niveles de gobierno del país.
- b) El fortalecimiento de las facultades de revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) – Revisar e investigar finanzas estatales y municipales, eliminación del principio de anualidad para revisar años previos-; aumento a siete años de la prescripción de actos y omisiones de responsabilidad administrativa (hoy son tres); que sea un tribunal especializado el que sancione tanto a particulares como a servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves; así como el decreto de la extinción de dominio en los casos de enriquecimiento ilícito.
- c) Creación de un comité coordinador del sistema anticorrupción que facilitará la coordinación de las instituciones responsables (Secretaría de la Función Pública, ASF, IFAI, Tribunal, entre otros).
Se trata entonces de algunos primeros pasos en la dirección correcta, no todos los deseables ni los necesarios, que requieren ahora de una política pública que ejecute para que el sistema funcione, aumentando a la vez los recursos materiales y humanos que estimulen la eficacia de las instituciones encargadas de prevenir y combatir la corrupción.
Otros pasos en ese sentido consisten en: modernizar y profesionalizar las contralorías municipales y estatales y ponerlas a trabajar seriamente, revisando que se apliquen normas como La Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 7 años después de publicada, se ha instrumentado sólo en menos de la mitad de los gobiernos municipales del país.
Luego, debe fortalecerse una Fiscalía Especial en Delitos de Corrupción a nivel nacional que deberá replicarse con medios y recursos pertinentes en las fiscalías de cada entidad federativa.
Debería generarse también un área de auditoría y responsabilidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública y de sus correlativas de las entidades federativas que asuman seriamente la tarea de aplicar sanciones a los funcionarios y privados corruptos.
Luego, hay que empezar de cero la realización de los presupuestos nacionales y locales en 2016 y en 2017, para revisar las bases de operación vigentes por completo y eliminar los hoyos negros que facilitan la corrupción.
También se necesita que la Auditoría Superior de la Federación y sus correlativas de cada entidad federativa cuenten con mayores y mejores atribuciones para que los resultados de sus revisiones sean insumos claros de actuación para las fiscalías anticorrupción, contralorías y unidades sancionadoras de responsabilidad. Es importante aquí prever mecanismos para fiscalizar a los fiscalizadores de manera adecuada y reflexionar si la autonomía de estos órganos técnicos es conveniente y necesaria.
En el mejor de los casos la construcción de un sistema serio llevará años y la calidad de los funcionarios que deben operar el sistema es escasa, por decirlo amablemente.
Así la creación de dicho marco normativo e institucional es el primer paso de muchos más que habrá que dar para la construcción de un verdadero sistema nacional anticorrupción. En dicho entramado institucional es claro que pueden y deben participar la CNDH, el IFAI, y una concepción diferente de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación, además de la fiscalía federal y de las entidades federativas. Sólo así tiene sentido hablar de un sistema.
@efpasillas
*****
Sobre un Sistema Nacional Anticorrupción
Por Jesús Medina Olivares
Enrique Pasillas aborda con una mirada crítica, pero sustentada, la realidad por la que atraviesa el país en materia de corrupción. Con argumentos se despoja de conclusiones apresuradas y su análisis nos induce a sacudirnos la indiferencia teórica y a profundizar en la discusión política respecto a un tema que, por su práctica generalizada, valga el símil, se ha visto como un deporte nacional.
Coincido con Pasillas que la confianza en las instituciones públicas, políticos y partidos está en su nivel más bajo.
En efecto, es irrefutable la falta de confianza de los mexicanos en las instituciones, situación que se agrava ante la disfunción del aparato estatal que no opera en torno al ciudadano ni se adapta a las nuevas exigencias sociales.
No es viable un Estado que conserva instituciones en las que la ciudadanía no confía, que considera ineficientes, corruptas y desvinculadas de los problemas sociales.
El mismo Peña Nieto lo reconoce cuando afirma que ‘‘hoy existe sin duda una sensación de incredulidad y desconfianza… hubo pérdida de confianza y esto ha mostrado recelo y duda’’.
Como medida de solución propone el Sistema Nacional Anticorrupción, como el mítico medicamento capaz de curar todos los males, que contribuirá a la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y, agrega Pasillas, obtener algún grado de legitimación pública.
Sin embargo, además de las insuficiencias que presenta la iniciativa, esta trae la pesada carga del pecado de origen. Se presenta en el momento en que es más cuestionada la calidad moral de su iniciador, Peña Nieto.
Aclaro que no soy moralista ni entiendo la moral, como algún partido político, como el árbol de moras.
Razones abundan; compra y coacción al voto, tarjetas Monex y Soriana, avión presidencial. Su relación con Televisa y con el Grupo Higa, sus contrarreformas e iniciativas contra la soberanía nacional, entre otros.
Por otra parte a la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, es tan sólo un paraje de la corrupción. Esta es como el Cerbero, el perro de tres cabezas que guardaba el Hades.
En efecto, el problema es muy más complejo de lo que se presenta y, como lo he comentado en ocasiones anteriores, se requiere de una cirugía mayor.
Es necesario dar un golpe de timón. Un cambio de gran envergadura y de fondo que propicie cortar de raíz la subcultura ancestral de la corrupción tan arraigada en nuestra sociedad. De lo contrario, esta iniciativa estará condenada al fracaso.
Se debe entender que la corrupción en nuestro país es como una especie de cáncer metastásico que se ha diseminado de su lugar de origen a todas las instituciones, públicas y privadas, desde los poderes públicos, partidos políticos y sindicatos, hasta el sector empresarial y los medios de comunicación.
El problema de la corrupción es tan grave en nuestro país y plantea amenazas tan serias que no se debe hacer apología de ella o ser tratada como simple anécdota.
En mi opinión, este fenómeno igual que el de la impunidad, grandes lastres del país, se van a corregir si se proyectan desde una perspectiva integral o, como indica el argot de moda, con una estrategia de triple Play.
Se requieren medidas que atiendan los problemas de carácter estructural, otras en el ámbito legislativo e institucional y, fundamentalmente con la acción social colectiva, una especie regeneración moral de nuestra sociedad.
En el ámbito estructural es preciso actuar con mayor contundencia, de implementar medidas de cero tolerancia en contra de la corrupción y la impunidad base crítica respecto al sistema de integridad del estado mexicano.
En el ámbito legislativo es menester introducir medidas normativas rígidas que permitan un combate más eficaz contra los moches en el Congreso y los diezmos en las dependencias de los gobiernos federales, estatales y municipales, así como la profundización en el tema de conflicto de intereses.
También en el ámbito legislativo penal es preciso una mayor precisión terminológica y el endurecimiento de las penas por los delitos de corrupción, así como la exigencia del cumplimiento íntegro de las condenas. Este es, como refiere Pasillas, el primer paso.
Por último, cabe una reflexión, sin demérito de lo anterior, sería inútil pensar que la corrupción se va a resolver por decreto o que el cambio va a ocurrir por sí mismo.
Fundamentalmente se requiere de un salto decidido de la sociedad. Tiene que haber un sacudimiento, un rearme ético para derrumbar las viejas estructuras sobre las que se ha construido nuestra moral pública que es la que le da cobijo y construir las nuevas y, para ello, necesitamos una sociedad civil fuerte.
La corrupción es por encima de todo un fenómeno social y la lucha contra la misma precisa de un rearme ético desde la misma base de la sociedad. Para ello, el bastidor esencial debe ser la educación, como el mejor el antídoto contra ese lastre.
La corrupción refleja una falta de compromiso democrático ético y cívico, por ello, la apuesta debe ser inculcar desde la edad temprana las virtudes clásicas como la honradez, la solidaridad, la lealtad y el servicio desinteresado a la sociedad que deben sustentar la convivencia nacional.
Lamentablemente el mundo posmoderno, ha menospreciado y tachado de moralistas estas virtudes, en su lugar frivoliza algunos comportamientos, impone el disfrute del aquí y ahora e impulsa un espíritu materialista.
Todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Debemos atrevemos a dar forma organizada a la necesidad de que la corrupción deje de ser el aceite sobre la que funciona la maquinaria del gobierno y deje de ser el pegamento que mantenga unidas las alianzas políticas.
No podemos seguir condenados a ser víctimas de esas prácticas nocivas que forman parte de nuestra herencia histórica y cultural y que se han anidado en nuestro inco
