- EL exsecretario de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay habló acerca de la experiencia
- Consumo de drogas, tema cultural con diversas perspectivas e implicaciones: Julio Calzada
- El Estado se apropió de la gobernanza de la política de drogas por encima de los cárteles, aseguró el exfuncionario del gobierno de José Mujica
Como parte del seminario Repensando la Política de Drogas: La Regulación de las Drogas en los Ámbitos internacional, nacional y local, llevado a cabo en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Región Centro, Julio Calzada, exsecretario de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, confirmó la necesidad de que los gobiernos de los diferentes países que se encuentran sometidos a un contexto de violencia, derivado de la producción y consumo de las drogas, repiensen su política con énfasis en la crítica hacia el prohibicionismo.
Detalló la experiencia uruguaya, y aseguró que no existen experiencias que puedan ser igualitarias, al contrastar los casos de Holanda y Uruguay, quienes han despenalizado el consumo, a quienes se suman algunos estados de la Unión Americana.
El exfuncionario del gobierno de José Mujica consideró que no existe algún modelo que se busque repetir, y calificó al caso de su país como una experiencia en tránsito. Recordó que el debate sobre la despenalización de la producción y consumo fue reflejo de diferentes experiencias académicas, sometidas a debate frente a la sociedad civil y los diferentes movimientos sociales desde hace más de 20 años, aunque se haya afianzado apenas hace poco más de cinco años.
El tema del consumo de las drogas, dijo, debe ser considerado desde la visión cultural, ampliada por diversas perspectivas e implicaciones que se encuentran condicionadas por el contexto de cada país, lo que determinaría la política de drogas a la que se adhieran. En el caso específico de Uruguay se manifiesta un caso atípico, donde el consumo de drogas se mantuvo en una “meseta descendente” de 2006 a 2012, acompañada de positivos indicadores sobre reducción de la pobreza para el mismo periodo, del 40 al 12 por ciento; la estabilización de las incautaciones de mariguana en dos toneladas por año; la reducción de la indigencia del tres al 0.5 por ciento. Sin embargo, lo que llevó al gobierno a repensar la política de drogas fue el incremento considerable en los índices de criminalidad, al pasar del 5.3 al 7.9 por ciento desde 2008, cuando se creyó que dado el crecimiento económico el fenómeno se reduciría.
Calzada explicó que las muertes en manos de sicarios y relacionadas con el tráfico de drogas pasaron a 82 por cada cien mil habitantes, algo que en otros países sería una normalidad, pero en Uruguay representó una cifra alarmante. Ello fue lo que incentivó la regulación del consumo de los estupefacientes, a pesar de que los opositores a la propuesta llegaron a considerarla como una claudicación moral del gobierno.
Recordó que el hecho de que la despenalización del consumo se encontrara vigente desde 1974, no producía efecto positivo alguno, y en cambio, se consideraba como una criminalización social y cultural, donde se catalogaba a los consumidores como “enfermos de segunda”. Otro elemento que tampoco produjo resultados positivos fue la detención de líderes del narcotráfico.
La Estrategia por la vida, como se llamó a la política del gobierno de izquierda encabezado por José Mujica, se propuso reducir la violencia mediante un esquema que pretendía la culminación de actos de corrupción, la implementación de políticas de prevención y asistencia médica, así como, y principalmente, la regulación de la cadena de producción, distribución y consumo de la mariguana con fines medicinales y recreativos.
Con un control estricto de la publicidad, donde el Estado determina el otorgamiento de licencias y lugares de producción y distribución, se garantizó que éste poseyera la gobernanza de la política de drogas, que hasta entonces estaba en manos de los grupos criminales. La dinámica corresponde a la posibilidad de que un hogar pueda contar hasta con seis plantas para su autoconsumo, mientras que los clubes de hasta 15 personas pueden tener un máximo de noventa plantas, a quienes se sumaría la distribución masiva mediante las cadenas farmacéuticas.
A pesar de los beneficios que pudiera representar la medida implementada en Uruguay, el exsecretario de la Junta Nacional de Drogas de dicho país aceptó que es equivocado creer que la política de drogas se plantea a corto plazo, y recordó la necesidad de que se aborde el tema desde una perspectiva de derechos humanos. Además reconoció que ha habido reticencia por parte de las empresas farmacéuticas para asumirse como distribuidoras de la mariguana. A lo que sumó el que la instancia federal de control haya iniciado a trabajar el primer año sin presupuesto alguno, así como el hecho de que la licitación de las empresas productoras refleje la falta de preparación de las mismas para asumir dicha responsabilidad, por lo que resta un largo camino por recorrer.
