El retroceso democrático que ha tenido nuestro país recientemente ha venido incidiendo en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad, entendiendo la democracia no sólo como la realización de elecciones periódicas, pacíficas, libres y confiables, que tampoco ha sido el caso de México, porque los dos últimos atributos que debe tener toda elección tampoco se han cumplido a cabalidad.
La democracia, según la definición más sencilla, es el gobierno del pueblo y para el pueblo, es decir, el predominio del pueblo en el gobierno. Una condición indispensable para que los ciudadanos influyamos y participemos en las decisiones que nos afectan a todos es contar con una información que se difunda libremente y a la cual podamos tener acceso.
La censura que imponen las autoridades a los periodistas y comunicadores que critican al régimen, en contraste al auspicio y complacencia hacia los que defienden intereses privados y corporativos impiden el desarrollo social al difundir una imagen distorsionada de la realidad. Los medios de comunicación están siendo objeto de un proceso de homogeneización que pretende reinstaurar las prácticas de control y cooptación que caracteriza a los regímenes autoritarios.
Con respecto al asunto de la periodista Carmen Aristegui y su equipo: Daniel Lizárraga e Irving Huerta y más recientemente Ame Motta y Adriana Buentello, su despido parece obedecer al señalamiento de los actos que suponen conflictos de interés del presidente de la República en el reportaje respecto a la llamada Casa Blanca, así como de Luis Videgaray, coordinador de la campaña de Eruviel Ávila, de la de Enrique Peña Nieto y de la transición de la presidencia, quien es actualmente secretario de Hacienda, en la compra de su casa de Malinalco, así como por los señalamientos de violación de los derechos humanos en el caso de la matanza de Tlatlaya y también, entre otros múltiples casos, las investigaciones respecto a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, presidente del PRI en el Distrito Federal, así como Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los priistas en el Senado y de Mario Marín Torres, quien fuera gobernador de Puebla.
Estas acciones atentan contra la libertad de expresión, demeritan el derecho al acceso a la información de los mexicanos y traen como consecuencia la autocensura entre los periodistas del país.
El espectro radiofónico es un bien público que puede ser concesionado a los particulares, quienes de ninguna manera deben imponer sus criterios trastocando el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Recordemos que el artículo 6 de nuestra Carta Magna garantiza que: toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
Si aspiramos a ser una nación moderna y democrática debemos esforzarnos en desterrar de una vez y para siempre éste y todo tipo de prácticas nefastas que impiden el desarrollo de la sociedad; con todas sus limitaciones y defectos la herramienta que los ciudadanos tenemos para lograr lo anterior, de una manera pacífica, es expresando nuestra voluntad en las urnas. Sólo la participación ciudadana valiente y decidida podrá librarnos.
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