- Los conflictos legales que incluyen a menores de edad deben ser tratados con mayor delicadeza
- El DIF estatal ya está interviniendo en el caso de la Casa Hogar Dulce Refugio
La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia aclara que la controversia de la Casa Hogar Dulce Refugio y la supuesta situación de maltrato infantil que se anunció en días pasados se debe a que en lugar de asistir a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público se busca a los medios de comunicación, “ventilando y afectando la integridad de los menores”.
La procuradora Silvia Méndez Mendoza exhorta tanto a los familiares de los menores como a los medios de comunicación a respetar lo que marca la Convención Interamericana de los Derechos del Niño así como la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (recientemente publicada), en ambas se especifica el cuidado de la identificación del niño que ha sido víctima de algún delito o que es generador de alguno.
“Si esta violencia física a la cual refiere la abuela en los medios es verdad, tendría que haber asistido de inmediato al Ministerio Público, no a un reportero”, al menos en Aguascalientes se ha trabajado en mantener todas las instituciones gubernamentales lo más abiertas posible para la atención inmediata de afectación a los niños, niñas y adolescentes.
Este organismo ha generado varios oficios a la abuela del menor de siete años que escapó a principios del mes de febrero de dicho albergue, en el cual se le canalizó junto a sus hermanos por conflictos con los padres; “ya una trabajadora social entró a la casa, ya vio al niño y a la abuela pero ninguno le habló sobre esa supuesta violencia”.
“Toda esta controversia se ha generado porque no acuden a las áreas correctas, nosotros integramos una averiguación propia pero hasta la fecha no hay una denuncia formal”, ni en contra del albergue ni de su directora o algún otro personal.
Méndez Mendoza refirió que el menor de nueve años con el que escapó ya fue localizado de manera inmediata, con apoyo de su abuela materna lo llevaron al DIF estatal para una valoración sicológica, “él expuso que fue una aventura que quisieron experimentar pero no refiere ningún tipo de maltrato ni nada”.
Para la Procuraduría, este caso genera mucha controversia porque la abuela ha sido citada en múltiples ocasiones para regular la situación del menor, tomando en cuenta que sus padres están demandados por el DIF estatal y no pueden ser tutores de los niños, “no sabemos aún de la voz del niño por qué se escapó del refugio y la abuela no lo ha traído para la valoración sicológica”.
La nueva Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes crea a las Procuradurías de Protección facultándolas a que supervisen a cada uno de los albergues, a acreditarlos y certificarlos para su funcionamiento, apegados al cuidado y atención de los menores; ya que su reciente reforma se efectuó en el mes de diciembre del pasado año, los legisladores locales están en proceso de elaboración de la reforma estatal por lo que en la actualidad el DIF estatal no tiene injerencia legal en la verificación de los refugios.
Mientras se regula, la procuradora dijo estarse realizando reuniones bimensuales para conocer su trabajo y trato al menor, aunque los albergue no están obligados a aceptar la reunión ninguno ha negado su participación y visita de las autoridades, “todos han mostrado total apertura a que nosotros los visitemos y en cualquier momento podemos pedir al niño y lo entrega”, recalcándose que ningún niño es propiedad de nadie, son seres humanos en estado vulnerable y bajo un proceso legal que necesitan apoyo en atención y cuidados especiales.
La ley federal y local aclara que en caso de alguna irregularidad detectada al interior de los refugios, el Ministerio Público llama a la Procuraduría a investigar y tratar el tema, en caso de encontrarse pruebas de violación a los lineamientos legales de protección civil, salud y atención, las autoridades pueden dar paso al cierre total del espacio. En lo que va de la actual administración no se han tenido casos de cierre de albergues por maltrato o alguna otra irregularidad.
