Producto de la voracidad de pillos disfrazados de empresarios de la industria lechera y amparados por la benevolencia comprada de quienes rigen desde la alta burocracia, la producción lechera de México pasa en estos días por uno de sus peores momentos.
Antonio Salim Saldívar, secretario del Frente Nacional de de Productores y Consumidores de Leche, aseguró la semana pasada que “la ambición desmedida de los dueños de la empresa Lala nos está llevando a la quiebra. Además de querer comprar menos leche a los productores mexicanos al preferir importar leche en polvo por su bajo costo, Lala, junto con las empresas lácteas Alpura y Sello Rojo, “nos quieren comprar menos leche y a menor costo, a nosotros la gasolina nos sube mes con mes, los insumos suben, mientras que estas empresas quieren bajar el precio de compra de nuestra leche”. Con la complicidad de las autoridades del Gobierno Federal, por su omisión o franca colusión, venden como leche el producto “Nutrileche” que no es leche, y que por ley, tiene prohibido anunciarse como tal.
Reflejando la situación por la que pasan otros ganaderos de estados del centro del país, Fermín Jiménez, de Leche La Escondida, dijo que en lo que va de este año se han tenido que sacrificar más de cinco mil vacas sólo en esta empresa, debido a la baja demanda de leche causada por la importación de leche en polvo.
La importación de leche en polvo a través de Liconsa, empresa dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social -Sedesol- del Gobierno Federal, es desde hace tres décadas una práctica común. Iniciada con el pretexto de que la producción nacional resultaba insuficiente para satisfacer la demanda, la importación de leche en polvo ha impedido el sano desarrollo del sector. Incluso se ha expuesto como fuente de corrupción. Aparte del daño económico que ello implica, el riesgo que corre la salud de la población mexicana es latente, ya que en el pasado se importó leche contaminada con polvo de melamina, que es un material plástico.
El severo daño que sufre en estos momentos la actividad productiva de leche de bovino, que en términos monetarios equivale al 20.3% del valor total del sector pecuario, es resultado de una añeja polémica que existe en nuestro país respecto a la política industrial y de fomento de la producción. De hecho, en nuestro país, la política industrial consiste en no tener política industrial.
El principio económico leibniziano (del filósofo, lógico, matemático, jurista, bibliotecario y político alemán del siglo XVIII, Gottfried Wilhelm Leibniz) es que “el Estado debe promover y proteger la actividad científica, los inventos y la actividad industrial, dado que estas iniciativas no podrían provenir de la población rural o urbana, sumergida en la ignorancia obscurantista impuesta por la Inquisición Habsburgo.” Según lo cita el mexicano Jaime Pérez Ayala en su libro El líder que esperamos, el Estado tendría el deber de “eliminar cualquier oportunidad a las ganancias parasitarias de la economía como son: la desmedida ganancia de la usura, del terrateniente, del traficante y otros”. Únicamente un “Estado fuerte tiene el poder para imponer los intereses generales de la población sobre el poder de la oligarquía usurera internacional”. En este sentido, Pérez Ayala dice que “el FMI y oligarquías financieras que lo conformaron, son las mismas que desde siempre han inventado teorías económicas para explotar a naciones enteras y cuyos capitales provienen precisamente del actual flagelo que tanto nos aflige: el narcotráfico.”
Junto con los antiguos opositores a la industrialización mexicana, que han favorecido históricamente a la banca y los monopolios internacionales, como Lucas Alamán, Guillermo Prieto e incluso Álvaro Obregón -con los Tratados de Bucareli-, los tecnócratas pegados a la ubre del presupuesto nacional desde hace treinta y tres años han logrado desmantelar la fuerza productiva de nuestro país.
El pueblo mexicano ha tenido ya demasiada paciencia para con estos gobiernos entreguistas, que celebran como triunfo el despojo a nuestra nación de las riquezas naturales y el empobrecimiento vergonzoso de los trabajadores, con la reducción salarial sistemática y progresiva durante décadas. El caso de la leche es producto de una política de muy mala ídem, que se sostiene únicamente por el desconocimiento de nuestra historia.
Los especialistas y técnicos agropecuarios coinciden en que el altiplano mexicano no ofrece condiciones necesarias para la eficiente productividad en materia lechera y, consecuentemente, de la industria correspondiente. La disponibilidad de agua en esta zona, a diferencia del trópico, es muy restringida y limita la producción forrajera. La demanda nacional de leche de 16 mil millones de litros por año sólo puede ser cubierta actualmente con 68% de producto nacional, teniéndose que importar el resto. Pero la realidad es que la creatividad tecnológica nacional se ha visto obstaculizada por los sucesivos gobiernos tecnocráticos.
Teniendo sol en abundancia, según tecnólogos mexicanos, no deberíamos tener problemas de agua en el altiplano. Con energía solar resultaría factible reutilizar al menos siete veces el agua que sólo usamos una vez antes de tirar. Los ranchos lecheros del centro del país, hoy tan ineficientes en el uso del agua, bien podrían ser altamente productivos si se desarrollara una industria basada en el aprovechamiento de nuestros abundantes recursos naturales. Sin embargo, nada gana la banca internacional con ello.
Con base en lo que es evidente respecto a la forma en que opera la tecnocracia que ahora detenta el poder político, esto no cambiará si no cambia el gobierno. Está en manos de la población mexicana decidir si, en vez de mover, realmente se quiere renovar México. Ahora la crisis lechera está alcanzando los titulares de los medios de comunicación. Pronto otras noticias distraerán la atención del respetable público, pero el empobrecimiento de 100 millones de personas permanecerá acusando la fallida política económica gubernamental.
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