- Se reitera el llamado a los grupos parlamentarios a no dejar el tema a la deriva y lograr una reforma eficiente
- En entidades donde sí tienen la figura, hay obstáculos jurídicos y de voluntades que no permiten efectuar la ley
Reiterará el grupo parlamentario de Acción Nacional al resto de las fuerzas políticas la urgencia de trabajar la iniciativa para tipificar de manera individual el feminicidio, ya que con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Mariana Lima Buendía (mujer oriunda de Estado de México encontrada sin vida el 28 de junio del 2010, de la cual su investigación se cerró por considerarlo un suicidio) de reabrir el caso, éste puede ser un instrumento necesario para reabrir otros casos parecidos.
Actualmente, en Aguascalientes este hecho se cataloga como una situación agravante y no como delito autónomo, lo que permite en muchos de los casos apertura a la impunidad y falta de resoluciones justas, “ya hemos dialogado con organizaciones civiles y expertos en la materia que esto es urgente, hay muchas mujeres asesinadas brutalmente que sus agresores sólo están un ratito en la cárcel, salen y vuelven a delinquir”, señaló el senador panista Fernando Herrera Ávila; aunque reconoce que dar más años a un agresor no resolverá el problema de tajo, este castigo podría ser una importante aportación a largo plazo.
En el ámbito federal, este delito es castigado al menos por 60 años de cárcel, establecido en diciembre del 2011, fecha en la que sólo nueve de las 32 entidades lo consideraban ya en sus códigos penales (Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Morelos, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas), hoy sólo Chihuahua no cuenta con esta figura jurídica, aunque ello no signifique que en el resto del país se investigue y se haga justicia.
El senador resaltó datos duros entregados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la violencia contra las mujeres específicamente en México, donde se indica que el 47 por ciento ha sufrido violencia física o sexual. Durante el periodo del 2006 y 2012 los feminicidios en México aumentaron 40 por ciento y el 95 por ciento de ellos quedaron impunes, “en varias entidades de nuestro país lamentablemente el asesinato de mujeres es 15 veces más alto que el promedio mundial”.
Para noviembre del 2013, la agencia Amnistía Internacional (AI) denunció que el gobierno mexicano “no se ha atrevido a declarar una alerta de género en varios estados del país con altos índices de violencia hacia las mujeres”, esto a pesar de las denuncias acompañadas de pruebas contundentes entregadas por parte de activistas y organizaciones civiles.
Las entidades señaladas son Chihuahua, Nuevo León, Estado de México, Guanajuato y Oaxaca, “Aguascalientes no se cataloga aquí pero tememos que en poco tiempo se invierta la estadística y tenga un grave problema de violencia de género”, aseveró Mariana Ávila, vocera de La Colectiva Feminista. La razón de esta negatividad de la autoridad federal hacia la declaratoria de alerta de género es el temor a ser señalados y al costo político que ello generaría.
Sylvia Garfias, diputada local panista, recordó que el que una entidad tenga alerta de género le obliga a implementar acciones de seguridad y prevención específicas para evitar la violencia y crímenes contra las mujeres, “obviamente serán señalados pero es un costo que deben vencer para erradicar este problema social”.
Según la ONU, en México cada día hay cinco mujeres asesinadas, de las cuales únicamente el 15 por ciento de los casos son investigados como feminicidios y con perspectiva de género, de ahí la importancia y la urgencia de tipificar el delito como autónomo en entidades como Aguascalientes y prevenir conflictos mayores que no puedan ser controlados por la autoridad.
Garfias lamentó que en aquellos estados en donde han incluido el delito de feminicidio en sus códigos penales, no como agravante, sino como delito autónomo, no se ha logrado que la investigación y acreditación de los crímenes de odio contra mujeres, se lleven a cabo bajo la perspectiva de género, “hay algunas tipificaciones deficientes, falta de protocolos o incluso -y lo más grave- la falta de voluntad jurídica y política de clarificar esos casos”, por ello como grupo parlamentario se ha solicitado el estudio minucioso de cómo evitar que esta iniciativa se convierta en letra muerta en caso de ser aprobada.
