- Erróneo invertir en más policías cuando las carencias están en el sistema de justicia penal
- Filipinas, México, Colombia, Turquía y Rusia son los países más problemáticos, señala el Índice Global de Impunidad 2015
México no ha sabido aprovechar una condición que supondría ventajas, evidencia el Índice Global de Impunidad 2015, pues pese a ser uno de los países más documentados en torno a la esfera judicial, también es uno de los más afectados por el llamado “crimen sin castigo”.
Junto a otros otros países (Austria, Barbados, Bulgaria, Chile, Finlandia, Japón, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Serbia), expone el documento elaborado por la Universidad de las Américas, “están a la vanguardia en la generación de información estadística en materia de seguridad y justicia”, sin embargo, de entre los miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), México es el segundo en el cajón de la mayor impunidad, detrás de Filipinas y adelante de Colombia, Turquía y Rusia.
El índice considera que la funcionalidad del sistema de seguridad y la estructura del sistema de justicia, y no la contratación de más policías, son prioridades para la nación.
México cuenta con 17 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras Croacia, con el índice de impunidad más bajo, tiene 45 juzgadores por cada 100 mil habitantes.
46 por ciento de la población carcelaria mexicana está detenida sin sentencia. Además hay “poca correspondencia entre la cantidad de personas encarceladas por homicidios respecto a los casos denunciados por este delito”.
Multifactorial, multidimencional, cotidiana y poco estudiada desde lo cuantitativo, la impunidad es un fenómeno que despierta la preocupación de las comunidades nacional e internacional.
59 de los 193 participantes de la ONU fueron incluidos en el estudio, pues sólo ellos generan estadística lo suficientemente robusta como para hacer comparaciones.
“Países emergentes como Australia, Brasil, China, India, Indonesia, Nigeria y Sudáfrica lamentablemente no están reportando de manera sistemática información a las Naciones Unidas en materia de seguridad y justicia, por lo que resulta muy difícil compararlos con el resto del mundo.”
En México hay necesidad de optimizar los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen contacto con los cuerpos de seguridad pública.
“México ocupa el lugar 58 de 193 estados miembros de la Naciones Unidas en materia de impunidad. Sin embargo ocupa el penúltimo lugar de 59 países que cuentan con información estadística suficiente para el cálculo del Índice Global de Impunidad.”
México y Colombia guardan muchas similitudes en lo tocante a impunidad. El narcotráfico, enraizado y corporativizado desde 1970, ha dificultado la intervención gubernamental. En ambos países también hay hacinamiento carcelario, tortura y desconocimiento de los procesos judiciales por parte de los indiciados.
La impunidad pone en duda el acceso a la justicia pronta y expedita. El sistema de seguridad inicia la averiguación sobre la mayor parte de las personas sospechosos, detenidas, arrestadas o arraigadas. Esta situación es completamente opuesta a la de los países menos impunes del ranking.
“Es de reconocerse que en la búsqueda de información para la construcción de este índice, México es uno de los países con la mayor cantidad de información documentada, escenario que favorece la medición del crecimiento del fenómeno de la impunidad; sin embargo, y pese a la preocupación mostrada por el gobierno mexicano, sus acciones parecen estar mal encaminadas.”
Los redactores del índice señalan que las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto son de preocupar, pues hace hincapié en la justicia de los planos laboral, familiar y patrimonial, sin tomar en cuenta la incapacidad del sistema en la señalada materia penal.
En México hay 355 policías por cada 100 mil habitantes. El promedio de los países valorados es bastante parecido: 332 uniformados por cada 100 mil habitantes.
A modo de mejorar el índice, apunta la Universidad de la Américas, los países deberían invertir en estudios, análisis y encuestas, como los del gasto en sistemas de justicia, resultado y seguimiento de los expedientes abiertos, encuestas de victimización estandarizadas y periódicas, cantidad de convictos que escapan y no son recapturados, y longitud de la sentencia por delito establecido por la ley.
