Es más que difícil, indignante, imaginar la sensación de peligro propio o de alguno de nuestros seres queridos ante la amenaza de ser víctimas de cualquier atentado contra nuestra libertad o cualquiera de nuestros derechos humanos… pero de ellos, la desaparición forzada implica el más atroz crimen, incluso considerado de lesa humanidad.
En nuestro país, el más conocido evento de este tipo, la desaparición de 43 normalistas rurales, se convirtió en causa social, que sigue sin ser resuelta para indignación nacional e internacional. Es tan solo un ejemplo de que en la agenda gubernamental definitivamente esto no es tema fundamental, es más, resulta tema incómodo. No así para Acción Nacional, que ha insistido y lo seguirá haciendo hasta que cedan las resistencias para el ejercicio pleno del Estado de Derecho.
En algunos estados del país se vislumbran esfuerzos aislados por armonizar los ordenamientos legales locales con disposiciones de los tratados internacionales; sin embargo, esto se diluye sin una acción decidida del Gobierno Federal que debiera encabezar un llamado y el ejemplo para revertir los serios estragos sociales, el detrimento de la imagen de nuestro país en el contexto internacional, entre muchos otros daños colaterales.
Esta responsabilidad ha ido más allá de un pronunciamiento, clara muestra palpable de que podemos avanzar en el cumplimiento de estos compromisos es la aprobación en el Senado, en febrero de 2014, para retirar la reserva expresa formulada por el gobierno de México al artículo IX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Pero a pesar de que nuestra legislación federal penal ha tipificado el delito de desaparición forzada de personas, ese tipo penal está lejos de contemplar todos los elementos típicos que están contenidos en los instrumentos internacionales vigentes en México.
Sólo 68 por ciento de las entidades federativas han tipificado el delito de desaparición forzada de personas -suman apenas 22-, de las cuales, 20 lo han hecho en sus respectivos códigos penales y dos (Chiapas y Guerrero) han emitido leyes específicas para prevenir y castigar este ilícito.
Acción Nacional ha propuesto medidas legislativas que permitan atacar de fondo esta problemática. De aprobarse las reformas que están en el Senado, el Congreso de la Unión establecerá un piso que todas las entidades federativas deberán acatar.
Continuaremos en este tenor hasta empujar que en todo el territorio nacional la protección de cada persona se garantice.
*Coordinador del grupo parlamentario del PAN, senador de la República por Aguascalientes. Sus bases formativas son la Contaduría Pública y el Derecho, desde donde ha ejercido apasionadamente el servicio público, la política y la representación social como férreo militante de Acción Nacional.
Twitter: @FHErHerreraA y Facebook: Fernando Herrera y Fernando Herrera A (Comunidad)
