- La mayor parte de las recomendaciones serán para los estados, dice el CIDE después de la solicitud presidencial
- Todos los gobernadores y los poderes judiciales deben integrarse a la reforma en materia judicial
- “Hay grandes ventanas de oportunidad y mucho por hacer para mejorar la calidad de la justicia en el país”
Solicitado por la Presidencia de la República en torno al decálogo de seguridad presentado a finales de 2014, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) expondrá los resultados de su participación este 4 o 5 de mayo.
Sergio López Ayllón, director general del organismo, mencionó que la mayoría del trabajo apunta a la escucha de las entidades federativas.
“Nosotros hicimos una consulta en lo que llamamos justicia cotidiana. La justicia cotidiana es toda la justicia que no es penal: civil, administrativa, laboral.”
En unos días más el producto será enviado a la oficina de Enrique Peña Nieto. “A partir de ahí el presidente tomará sus decisiones respecto de lo que nosotros vamos a recomendar”.
–¿Qué se puede adelantar?
–Se puede adelantar algo que era bastante previsible. Tenemos mucho qué hacer en materia de justicia cotidiana para que los mexicanos tengan un mejor acceso. Ese fue el común denominador de todos los foros: hay grandes ventanas de oportunidad y mucho por hacer para mejorar la calidad de la justicia en el país.
“Lo que nosotros estamos viendo no es justicia penal, es justicia civil, mercantil y laboral. Algunas recomendaciones llevan a sugerir procedimientos más sencillos, orales, para litigios de menor cuantía. Es una propuesta que vamos a hacer y que tendrán que procesar”.
López insistió en que “la mayor parte de las recomendaciones que vamos a hacer no son para el presidente de la República, son para los gobiernos locales y estatales, ese es otro elemento. La justicia cotidiana es mucho más de materia local que de materia federal”.
–¿Se puede esperar disposición de los gobernadores?
–Yo creo que sí, van a ser muy receptivos a lo que vamos a decir. De hecho estamos proponiendo que los poderes judiciales de los estados y los gobernadores sean parte integral de este proyecto de reforma judicial.
El titular del CIDE dijo que en ningún momento hubo diálogo con la Conferencia Nacional de Gobernadores, pues el interlocutor primario siempre fue el ciudadano.
