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viernes, enero 30, 2026

Ya se logró la Ley de Transparencia, ahora sigue el Sistema Anticorrupción y la desindexación del salario mínimo

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  • Próximos legisladores panistas tendrán la encomienda de reformar la Ley General del Trabajo para incrementar el salario mínimo

 

En la recta final del actual periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, el coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, enfatiza haber tres acuerdos políticos claros con el resto de los grupos parlamentarios, los cuales forman parte de todo un paquete de propuestas que se irán resolviendo conforme las comisiones correspondientes sesionen y se pongan de acuerdo.

La primera consistía en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue avalada el jueves pasado; el Sistema Nacional Anticorrupción y la desindexación del salario mínimo, es decir que ya no se utilice el salario mínimo para calcular créditos, multas, aprovechamientos y demás; pues en este último caso el diputado federal enfatizó en que se usa como pretexto para no aumentar el salario mínimo del país.

“Sumemos que son dos reformas para combatir corrupción, y una para mejorar la situación económica de los mexicanos, con esto en poco tiempo sacaremos al país del estancamiento que se encuentra”, aunque dejó en claro que una vez tomado el puesto por parte de los nuevos legisladores de fracción panista, tendrán la encomienda de preparar una reforma a la Ley General del Trabajo para aumentar el salario mínimo, como consecuencia de la anterior modificación de desindexación así como el trabajar en las leyes secundarias de combate a la corrupción.

En cuanto a la ley recién aprobada por el Pleno legislativo, Anaya Cortés recordó que se conforma por 216 artículos y 13 transitorios, es reglamentaria del artículo sexto constitucional en materia de transparencia y acceso a la información. Entre otras cosas, termina con privilegios a personas físicas, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, pues se amplió el catálogo de obligaciones de transparencia de 17 a casi 50; “podemos destacar las que están relacionadas con los montos destinados a gastos relativos a la comunicación social y publicidad oficial; montos, criterios y convocatorias; listado de personas físicas o morales a quienes por cualquier motivo se les asigne o permita usar recursos públicos”.

Para el diputado panista, éste es un gran paso para el uso de información y transparencia en el país, con lo que podrá irse trabajando en la erradicación de opacidad, corrupción y violaciones a la ley, especialmente por funcionarios públicos de alto rango y partidos políticos, considerando que son los entes que mayor número de acusaciones tienen por este tema.

La reforma establece la imposibilidad de invocar el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos, de delitos que dañan a la humanidad o cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción. El Pleno la avaló con 385 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, ya fue remitida al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial de la Federación.

Desindexación del salario mínimo

Al interior del grupo parlamentario del PAN se ha dialogado el tema con preocupación, considerando ser urgente, pero que también debe analizarse sin prisas, pues con el paso de los años el salario mínimo dejó de ser únicamente un referente para la contratación de un trabajador, sino más como una unidad de cuenta utilizada para otorgar créditos, cobrar multas de todo tipo e inclusive hasta para medir la entrega de recursos a institutos partidistas.

El coordinador apuntó que entre 1977 hasta la fecha, el poder adquisitivo (salarios mínimos) ha caído casi 70%, aunque reconoce que no podrá recuperarse el nivel de golpe sino poco a poco, una vez que se haya descoordinado con todo el tema administrativo, “sabemos y lo vivimos, que todos estos cambios son urgentes porque el porcentaje de la población con un salario así cada vez gana menos”, según el último conteo del INEGI en materia de ocupación general, son alrededor de 12 millones de personas las que ganan uno o dos salarios mínimos.

 

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