- La iniciativa propone garantizar el ejercicio de pleno de los derechos de los menores
- Se conjuntaron la iniciativa propuesta por el gobernador y los diputados del PRD
A pesar de que existieron manifestantes que se oponían a la aprobación de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes, discutida este jueves en el seno del Congreso del Estado (derivado de un proceso de desinformación de la iniciativa), los diputados lograron su aprobación de manera unánime, anticipándose a los plazos establecidos desde la normativa federal, para lograr su armonización.
El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general, y se presentaron diversas reservas que fueron aprobadas en su mayoría, conteniendo la esencia de las iniciativas vertidas por el gobernador y el grupo parlamentario del PRD en la LXII Legislatura.
La diputada neoaliancista, Juana Alicia Espinosa de los Monteros Ortiz dio lectura al proyecto, donde detalló el proceso legislativo al que se sometió, incluyéndose las observaciones del Poder Judicial del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). El planteamiento, dijo, responde a la obligación de armonizar la legislación local respecto la federal, con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
La priista Norma Adela Guel Saldívar habló en favor del dictamen, al considerar imperativa la citada armonización, y la calificó como una garantía para el respaldo de los derechos de la población involucrada, así como su tendencia de prevenir y erradicar la violencia que se manifieste ante ellos por parte de sus familias y el contexto de los que rodea.
De la misma manera se refirió la diputada local del PRI, Lourdes Dávila Castañeda, quien aseguró que busca fundamentalmente el respeto al derecho a la vida y la corresponsabilidad entre las autoridades y los familiares de los menores, además de establecer mayores controles en los centros de asistencia social y el proceso mediante el cual se lleva a cabo una posible adopción, a lo que sumó la importancia de fortalecer la Procuraduría de la Defensa del Menor.
Quienes también se refirieron a favor del dictamen fueron Cuauhtémoc Escobedo Tejada, que coincidió con su antecesora, y agregó la trascendencia de incorporar a los municipios en la defensa de los menores y el respeto a sus derechos; al igual Jaime Adolfo Vargas Espinosa, legislador por el PT, quien destacó su importancia pero habló de la necesidad de que no se convierta en letra muerta, como algunas otras legislaciones sobre derechos; y Oswaldo Rodríguez García, diputado por Movimiento Ciudadano, quien subrayó el elemento tendiente a garantizar el respeto a la igualdad, la inclusión social y no discriminación de los menores.
Tras ser aprobado por unanimidad, el panista Adolfo Suárez Ramírez presentó diez reservas a diversos artículos, con lo que enfatizó la importancia de la familia en el proceso formativo de los menores, y el respeto a la educación sexual y reproductiva que los padres y tutores estimen pertinente. También el priista Eduardo Rocha Álvarez presentó reservas, relacionadas con las sanciones y procedimientos que podrá llevar la Procuraduría en cuestión, en contra de los medios de comunicación locales que difundan la imagen de los menores, y vulneren su integridad y dignidad.
La última reserva aprobada correspondió al propio Escobedo Tejada, quien propuso incluir que la Procuraduría esté facultada para revisar y aprobar la emisión de las solicitudes para declarar la activación de la Alerta Amber, en caso de la desaparición de algún menor. Mientras que Martha Márquez Alvarado recibió la negativa en sus reservas que planteaban modificaciones el Código Civil sobre el matrimonio entre menores, condicionándolo al apoyo de los padres de familia en caso de ser menores de 18 años y mayores de 14 años, contrario a lo que establece la iniciativa, que impide contraer matrimonio a menores de 18 años.
