- Auditor de la Comisión de Agua Potable sólo encontró copias fotostáticas del ejercicio 2011
- No hay evidencia de que desarrolladores urbanos pagaran la cesión de derechos de agua
- Un despacho privado auditó los ejercicios 2011, 2012 y 2013 en la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
En el Ayuntamiento de Jesús María no puede hablarse de auditorías completas. Como alcalde electo, Antonio Arámbula López dijo que iniciaría una revisión sobre la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, por considerar que parte de la campaña del priista Jorge Delgado se había financiado con sus recursos.
Esa auditoría abarcó todo el ejercicio de Martín Chávez del Bosque, también de extracción tricolor.
No obstante CYA Contadores Públicos, el despacho contratado, informó a la Presidencia Municipal que hubo impedimentos para valorar lo ocurrido durante 2011.
“El ejercicio 2011 no pudo ser revisado en virtud de que no se cuenta en los archivos con los documentos originales comprobatorios de las operaciones realizadas en este ejercicio, sólo se conservan fotostáticas de dichos comprobantes.”
La administración saliente pagó 157 mil 11 pesos con facturas fotocopiadas en 2011. Un año más tarde dio 720 mil 691 pesos a una empresa comercializadora, a cambio de trabajos de mantenimiento de diversos pozos de agua.
El auditor concluyó que estos “aparentemente no fueron realizados en virtud de que no es una empresa cuyo giro comercial corresponda al tipo de actividades facturadas”.
“Como puede observarse, existe un impacto negativo tanto en el patrimonio del organismo como en el Impuesto al Valor Agregado acreditable (…) se ha solicitado la devolución de dicho impuesto al Sistema de Administración Tributaria, existiendo el riesgo de alguna revisión posterior con los consiguientes costos fiscales.”
La advertencia fue clara, los controles internos de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento no brindan garantías de transparencia.
En 2012, también con copias, la dependencia pagó 15 mil 225 pesos a un persona física, cuando las facturas fueron emitidas por una persona moral.
CYA Contadores Públicos también revisó la factibilidad de desarrollos habitacionales como Alcázar, Tres Arroyos y Arroyo del Bosque.
La mayor parte de las observaciones consiste en que no hay evidencia de que los constructores hayan pagado por la cesión de derechos de agua, lastimadura notable en los ingresos del organismo operador.
