Con los acontecimientos de narcoviolencia sucedidos en Guadalajara y muchos municipios más, el pasado 1 de mayo, repercutidos también en otros estados vecinos, volvemos a encontrar una constante en la forma como manejan la información el Gobierno de la República, principalmente, y gobiernos como el de Jalisco; el esquema observado en esa constante incluye la emisión de informaciones imprecisas, contradictorias y de justificación.
Los hechos han sido difundidos ampliamente por los medios de comunicación, que informaron el fallecimiento de 16 personas, entre ellos elementos de las fuerzas armadas, el derribo de un helicóptero del ejército, 39 puntos de bloqueos de vialidades con 36 vehículos incendiados, así como once sucursales bancarias y cinco gasolineras. De acuerdo a la información dada en días siguientes, la actividad de los delincuentes en ese 1 de mayo inició a las 9:00 de la mañana.
Los ciudadanos recibimos por parte de los gobiernos informaciones imprecisas y contradictorias respecto de la secuencia de los acontecimientos que pretenden dar una explicación y justificación de ellos: después de iniciados los eventos, escuchamos que las acciones de los delincuentes son una respuesta al Plan Operativo Jalisco, del que no se tuvo noticia en los días previos. Las fuentes añaden que no era posible informar a la ciudadanía de los preparativos del plan, porque se alertaría a los delincuentes y, además, informaron que el sobrevuelo del helicóptero derribado no era propiamente un operativo, sino de observación del terreno.
Entonces, si eran secretos los preparativos del inicio del supuesto plan, encontramos dos cuestionamientos, entre otros más: o los delincuentes siguen teniendo importantes fuentes de información al interior de las fuerzas gubernamentales, o los delincuentes tomaron desprevenidos a los gobiernos. Otras perspectivas son que los gobiernos carecen de acciones de inteligencia efectivas e inmediatas -que no significa que cuando detienen a algún delincuente importante con la ayuda de los agentes estadunidenses se adornen mencionando la ‘gran inteligencia mexicana’-, que, ante la sorpresa del ataque de los delincuentes, no tuvieron noticia previa de ello; o que menosprecian la capacidad de organización y de efectivos con que se manejan los narcodelincuentes, ya que armar un operativo que realiza en poco tiempo 39 bloqueos de vialidades, con secuestro e incendio de vehículos particulares, de sucursales bancarias y de gasolineras, manifiesta una notable inteligencia en la organización de los delincuentes.
Desafortunadamente, tanto la forma de organización y acción de los delincuentes, como las respuestas gubernamentales, no son la primera ocasión en que suceden; lo hemos visto con determinada frecuencia en los años de la actual administración federal, sin que se constate un cambio y mejoramiento de estrategias y operaciones. Michoacán y Guerrero, así como otras entidades como Tamaulipas, son ejemplos que han precedido a la respuesta que hoy está repitiendo el gobierno en Jalisco.
Explican que ya existe un Plan Operativo en Jalisco, y días después de los acontecimientos nombran a un militar como responsable y coordinador general del operativo; las preguntas son varias, en el sentido de si efectivamente y en serio se preparó y se está aplicando una estrategia conjunta, o, más bien, son respuestas espontáneas a las iniciativas de violencia que muestra la delincuencia organizada.
Desde luego que las fuerzas del Estado tienen la obligación de combatir la violencia de los delincuentes, y a su vez, éstos se defienden y buscan imponer su dominio sobre los gobiernos locales; recordemos que la demanda fundamental de los delincuentes a los gobiernos es que los ‘dejen trabajar’, para lo que utilizan la cooptación y la corrupción de los gobernantes.
Existen hechos que los ciudadanos debemos tener en cuenta para poder entender, un poco, el porqué de la narcoviolencia que padecen muchas zonas del país; en el caso de Jalisco, ¿qué significado tiene la información de que el actual gobernador, Aristóteles Sandoval, tenía nexos con delincuentes desde antes de que fuera presidente municipal de Guadalajara, o el que en la primera semana como gobernador la delincuencia organizada le asesinara a su secretario de Turismo?, ¿o que la Procuraduría General de la República informe que acusará de terrorismo a detenidos por los eventos del 1 de mayo, y el gobernador Sandoval afirme que en Jalisco no hay narcoterrorismo?, o también, ¿qué significado tiene que el presidente de la República, después de cada ocasión como la del 1 de mayo en Jalisco, diga que los actos violentos del crimen organizado fortalecen la determinación del Estado mexicano para hacer valer la ley en todo el territorio nacional?
Los ciudadanos, por lo tanto, observamos que muchos gobernantes exponen un discurso político ante los acontecimientos que vive la sociedad, así sean de violencia de la delincuencia organizada, como también de la economía y desarrollo social, o de la transparencia y el combate a la corrupción, y, en los hechos, no se perciba la correspondencia.
En estas semanas, con motivo de las elecciones de diputados federales, es claro que el presidente de la República busque un Congreso de la Unión afín a sus particulares intereses políticos; y ¿cómo son estos intereses políticos? Uno de ellos es la necesidad de seguir controlando la información que reciben los ciudadanos, apuntalando la estrategia de configurar ‘el éxito’ de su gobierno en la mente de los ciudadanos diciendo que ahora estamos mejor que con los panistas, ¿verdad?
Es por ello que ante los problemas económicos y políticos, así como de la narcoviolencia, las informaciones que se manejan son imprecisas, contradictorias y de justificación; en el fondo, lo que observamos los ciudadanos es, por ejemplo, que las campañas del PRI-PVEM siguen violando las leyes electorales -como es el usar los programas de gobierno para apropiarse de los beneficios-, sin que hasta el día de hoy, las autoridades responsables atinen la solución y la sanción correspondiente. Las confusas explicaciones están dirigidas, consecuentemente, a sus futuros votantes; la estrategia se resume en que entre menos información y cultura política tengan los electores, más votos para esos partidos.
