- Hacen falta derechos, autonomía, sanciones, participación ciudadana e incorporación de sujetos obligados
- Lamentable, que las leyes locales fueran modificadas de 2007 a la fecha sin encontrar mejoras
- Las entidades federativas no reconocen el derecho a la información como un derecho humano. Hay una serie de pendientes para los legisladores locales
No sólo el colectivo de Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) ha reprobado en esta materia a Aguascalientes. Con 17 de 33 reprobados, el Centro de Análisis e Investigación Fundar insiste en que los estados son el mayor de los retos para la transparencia en el país.
Aguascalientes está en la lista de reprobados según el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (Idaim) 2015, elaborado a raíz de la promulgación de la Ley General de Transparencia.
Lo preocupante, señala el índice, es que 16 de las 17 leyes estatales de transparencia fueron reformadas de 2007 a la fecha sin que ello implicara mejoras. Al contrario, los grandes rezagos permanecieron.
El Idaim concede una calificación de 5.6 a Aguascalientes. La entidad con la peor ley de transparencia fue Hidalgo (4.5), mientras que Coahuila fue la de mayores garantías (9.3).
Campeche, Chiapas, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Baja California Sur, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán también son estados reprobados.
“El Idaim mide la calidad de las leyes de transparencia en México con relación a las mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia. Se compone de tres variables principales: diseño normativo, diseño institucional y procedimiento de acceso a la información pública y obligaciones de transparencia. Cada variable se compone de siete, cinco y nueve indicadores respectivamente, los cuales se alimentan de 196 criterios”.
Los legisladores pertenecientes al bloque de estados reprobados, recomienda Fundar, deben propiciar la formación de un comité de información que evite las reservas mal fundadas o las declaratorias de inexistencia de datos cuando no sea el caso.
La mejora del proceso de designación de comisionados de los institutos de transparencia sería labor urgente para garantizar tanto la autonomía como la participación ciudadana.
“17 leyes contemplan una convocatoria abierta, cuatro cuentan con un instrumento técnico de evaluación de los candidatos y permiten la participación ciudadana, y sólo dos establecen que las entrevistas en el Congreso serán de carácter público.”
El reconocimiento del derecho a la información como un derecho humano sería uno más de los pendientes para los poderes legislativos, además de integrar a los nuevos sujetos obligados, pues sólo seis legislaciones contemplan a los sindicatos y 17 a los partidos políticos de manera directa.
La última observación emitida por Fundar invita a garantizar la generación de información mediante obligaciones de ley para documentar toda acción derivada de las facultades y responsabilidades de los sujetos obligados. Este paso debería acompañarse por una serie de sanciones para los incumplidos.
Luego de reprobar tanto a los ayuntamientos como a Congreso del Estado, el colectivo de Ciudadanos por Municipios Transparentes prepara el X Foro Nacional Cimtra.
El evento tendrá lugar este viernes en el Hotel Quality Inn, con la consigna de analizar el efecto de la Ley General de Transparencia sobre la esfera municipal.
Está prevista la participación de legisladores federales, académicos, organizaciones civiles y Ximena Puente de la Mora, comisionada presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
