- Proespa señala que afectan el medio ambiente
- El rastro de Jesús María, la empresa Ugasa y Sabro Pollo registran procesos legales por contaminación por olores
Aunque la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa) no cuenta con un programa fijo de revisión a rastros y centros de matanza animal, se tiene registrado tres acciones legales por mal manejo de residuos y contaminación por olores en lo que va de este 2015.
El primero se dio en el rastro del municipio de Jesús María, no por el modelo de matanza, sino por mal manejo de residuos; el segundo está por concluir con la empresa Ugasa y el tercero en el rastro de pollo en Ciudad Industrial con la empresa mexicana Sabro Pollo; según el titular de la dependencia estatal, Carlos Rodrigo Martín Clemente, en los tres casos se está en proceso de análisis sobre las sanciones, conforme a las afectaciones al ambiente que hayan generado.
“Todavía no se les sanciona porque los procedimientos son muy largos, así lo establece la ley”, en promedio se tarda mínimo tres meses sin que se tenga un recurso de amparo, el proceso con Sabro Pollo inició hace diez días con denuncias ciudadanas y señalamiento del Congreso local. Mientras que el de Ugasa se emitieron medidas de urgente aplicación consistentes en el sellado de algunas áreas y colocación de sistemas de control en sus cocedores, por lo que se considera casi subsanado su proceso.
Las sanciones dependen mucho del daño, oscilan de dos a 20 mil salarios mínimos “obviamente, en estos casos no se les aplicará la máxima pero sí habrá que estudiar primero la afectación”, por medio de un equipo técnico de especialistas se evalúa la gravedad de los casos y se analizan diversas posibilidades de sanción. En algunas ocasiones la multa no impacta el tema económico, sino que en lugar de pagarle 30 mil pesos a la Procuraduría se les exige la compra de equipos que solventen el problema causado, “así lo compensamos, creo, de una manera más inteligente, es preferible”.
El funcionario estatal detalló que los procesos legales pueden acortarse en función de la velocidad con que entreguen las pruebas que subsanan los daños por parte de los presuntos implicados, en el caso de Ugasa al ya estar en la etapa final tienen 15 días hábiles para presentar la información antes de que la Proespa los visite nuevamente para comprobar la ejecución de medidas de urgente aplicación.
