- Ahora habrá cárcel y elevadas multas a patrones o personal administrativo de las empresas que obliguen a los trabajadores a firmar documentación en blanco
- La iniciativa pasará a la Cámara de Senadores para su revisión y aprobación, tras su publicación, los trabajadores podrán hacer efectivo este medio de defensa
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la minuta de reformas a la Ley Federal del Trabajo con la que se prohíbe que los empleadores obliguen o condicionen a los trabajadores a la firma de papeles en blanco que luego son usados en contra del mismo trabajador.
Lo anterior lo informó el dirigente de la CROM, Jesús Ramírez, quien dijo que tras muchos años de quejas por este tipo de irregularidades, finalmente ahora se ha creado un mecanismo de defensa para los trabajadores. Indicó que la Cámara de Diputados aprobó, con el voto de todos los partidos políticos, reformas a la Ley Federal del Trabajo, concretamente los artículos 33 y 1006 de dicho ordenamiento, con lo que se prohíbe que los patrones obliguen a sus empleados a firmar documentos en blanco.
Jesús Ramírez indicó que uno de cada tres despidos de trabajadores se da debido a que el trabajador, a la hora de ser contratado, se le condicionó su ingreso a la firma de su renuncia o bien, a la firma de documentos en blanco, lo que pone en evidente desventaja al trabajador, lo que anula sus derechos laborales.
“Esta práctica crece diariamente en perjuicio de los trabajadores porque los deja en evidente desventaja y los orillan a desistir a la hora que buscan exigir sus derechos”, dijo el dirigente de la CROM.
El dictamen, adiciona un segundo párrafo al artículo 33 y un segundo párrafo al artículo 1006 de la Ley Federal del Trabajo mediante los que se establece que en caso de que el trabajador sea obligado a la firma de documentos en blanco podrá acudir ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o ante las oficinas de la inspección del trabajo local o federal a denunciar el hecho dentro de un plazo de 30 días, a partir de la fecha de contratación.
Asimismo, también se establece que las instancias federales deberán conservar en secreto dicha denuncia para el caso de que fuera necesario y aportarla como elemento probatorio.
Consideró que cuando se compruebe que el patrón obligó al trabajador a la firma de documentos en blanco, el primero se hará acreedor a sanciones que van de seis meses a cuatro años de cárcel y multa de 125 a 1900 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Este tipo de sanciones sientan un precedente importante contra los abusos de los patrones que así actúan y que en la medida en que esta reforma se conozca, los trabajadores encontrarán un medio más eficaz de defensa en contra de este tipo de abusos que suelen ser mucho más frecuentes de lo que la gente se imagina, dijo el líder de los obreros.
La modificación a la Ley fue aprobada y turnada a la Cámara de Senadores para su análisis y discusión y tras su aprobación por los senadores y publicación correspondiente, los trabajadores podrán hacer efectivo este nuevo mecanismo de defensa de sus intereses, destacó.
Con información de la CROM
