Por Paco Guel
La preocupación mundial por los fenómenos demográficos se remonta a los mismos orígenes de la ONU, creándose en 1946 la Comisión de Población, cuya misión es la de emprender estudios y asesorar al Consejo Económico y Social sobre “los movimientos de población, los factores relacionados con estos movimientos y los métodos destinados a influir sobre estos factores”. A partir de este momento y hasta la actualidad, Naciones Unidas ha aprobado decenas de resoluciones sobre políticas demográficas que a su vez han ido inspirando las leyes y programas en la materia en casi todos los países que forman parte de la organización, no siendo México una excepción en el seguimiento de esta dinámica internacional.
Tanto es así que en nuestro país se promulga la primera Ley General de Población en 1936, que no hacía sino formalizar la tendencia mundial a incrementar la densidad demográfica como condición imprescindible para el desarrollo, lo que en el caso de México se venía siguiendo desde el siglo XVI, por motivos, además, anticolonialistas y de refuerzo de la identidad nacional. Junto a los incentivos para incrementar la natalidad, fomentar la repatriación y evitar la migración de mexicanos al exterior, se realizaron importantes mejoras al sistema de salud en los años 40 con los objetivos de reducir la muerte intrauterina o infantil y aumentar la esperanza de vida nacional.
Sin embargo, en los años 70, con la llamada transición demográfica, la consolidación del estado de bienestar y la implementación de los derechos de segunda generación, se revirtió toda la tónica internacional de inclinación poblacionista y se dio paso a una con un claro objetivo controlista, al grado de que se empezó a hablar de “políticas de control poblacional”. De nuevo México se muestra pionero en dar forma legal a estos cambios, y se promulga la Ley General de Población de 1974, la cual, en su propia exposición de motivos da cuenta del desorbitado crecimiento demográfico en los años recientes y la dificultad que el mismo puede generar para la capacidad de ahorro, concluyendo que debe fomentarse la estabilización racional de la población.
El instrumento central para esta nueva política será el de la planificación familiar, concepto en boga internacionalmente en aquellos años, y que incluía, junto al desarrollo y promoción de los métodos de control de la natalidad, un amplio respeto a los derechos de la familia y las libertades individuales, lo que distinguió a nuestro país de otros en vías de desarrollo que optaron por la coerción y las restricciones legales a la reproducción bajo severas penas que incluían, en algunos casos, la capital. Además, poco después de la promulgación de la ley se hicieron reformas a la misma que introdujeron la perspectiva de los derechos reproductivos de las mujeres.
A partir de los datos arrojados por censos y encuestas, no cabe duda de que las políticas aplicadas en nuestro país dieron resultados satisfactorios, con el único defecto de que sus beneficios no alcanzaron a todos los segmentos sociales ni a la totalidad del territorio nacional. No olvidemos que las predicciones de crecimiento demográfico no pueden ser exactas, al verse éste determinado muchas veces por acontecimientos espontáneos e imprevisibles, y que los efectos de las políticas de control poblacional no arrojan resultados hasta varios años después, lo que hace de la demografía una ciencia incierta y de carácter experimental.
En consecuencia, desde los últimos años del siglo XX, quedó clara la necesidad de hacer frente de una manera más integral a los fenómenos demográficos, que incluyera un acceso más generalizado a los métodos de planificación familiar, en especial a los grupos en situación de exclusión social y en áreas rurales en las que el ejercicio de los derechos individuales y muy en particular los reproductivos es aún precario o hasta inexistente.
Lejos de adoptar esta reflexión de expertos nacionales e internacionales, durante los sexenios panistas se hicieron esfuerzos ímprobos por eliminar toda lógica en la evolución de las políticas de población e introducir elementos distorsionadores como la tradición y las creencias religiosas, de tal modo que los empeños se realizaron en el sentido de restringir el acceso a la contracepción y limitar la posibilidad de decidir sobre el número y el espaciamiento de los hijos, lo que evidentemente fue más fácil de “burlar” para los estratos sociales con más recursos y vino a incrementar la brecha social de bienestar y de disfrute de los derechos individuales. El propio organismo encargado de coordinar la política de población, el Consejo Nacional de Población, ha reconocido y criticado este retroceso.
Las cambios a implementar, lejos de responder a estos planteamientos obsoletos y poner el único acento en la natalidad (en sentido favorable o contrario), deben hacer frente a los retos de la desigual densidad demográfica que se concentra en unos pocos núcleos urbanos, a la migración de población activa a otros países y al enorme incremento de la participación de las mujeres en el proceso productivo. Por ello, entre las aportaciones que serán integradas a la Plataforma Electoral 2015 del PRI, destaca el compromiso de responder eficazmente a estos nuevos retos de manera objetiva, científica y respetuosa con las creencias personales no de algunos, sino de todos los mexicanos.
@pacoguel
