- Entre conflictos partidistas se encuentra la elección del fiscal especial en delitos electorales
- Grupo panista asegura haber sido engañado por el coordinador priista al entregar una quinteta con militantes tricolor
Tras no alcanzar la mayoría calificada en el pleno legislativo para la designación del nuevo fiscal especial en delitos electorales, y dejarse en manos de la Fiscalía General la decisión, el conflicto incrementó entre el Partido Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, al considerarlo una “tomada de pelo” por querer que un militante de su partido sea el fiscal electoral para atender los procesos electorales a favor de ellos.
El Comité Directivo Estatal puntualizó que nuevamente el grupo mayoritario PRI-PVEM mostró su papel de legislar para su partido y no para las necesidades de un estado, es por ello que el dirigente estatal hizo un exhorto al fiscal Óscar González Mendívil, a tomar su decisión de manera responsable, objetiva y sin tintes políticos.
La postura panista es que ni Gerardo Cruz Bedolla, Rafael Escárcega Álvarez ni José Guadalupe López sean tomados en cuenta, ya que tienen asuntos con derechos humanos pendientes y militantes de un partido político: “que se apegue a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad para que no elija a los ilegibles”,
Paulo Martínez López recordó que hay otros dos perfiles con mejores posibilidades de ser fiscal; de elegir a un priista se convertirá un organismo apéndice al tricolor donde las decisiones estarán tomándose sólo a favor de ellos rumbo al 2016.
Mientras el dirigente priista solicitaba al PAN dejar de politizar el tema, Martínez López aclaró que esta decisión afectaría no sólo a ellos, sino a todos los partidos políticos, por lo que llamaba a sus homólogos a exigir transparencia en el proceso de selección: “nosotros no queremos a uno en específico, sólo a un perfil que realmente sea imparcial para que nos dé credibilidad en los procesos electorales”. Desde el Comité se espera que el fiscal general tome la mejor decisión sin estar presionado por el gobernador o cualquier otra figura priista.
La coordinadora de la bancada panista, Martha Márquez Alvarado, confía en que González Mendívil se apegará a la legalidad, pues será el momento idóneo para demostrar que es una Fiscalía alejada de las decisiones partidistas, imparcial y responsable. De lo contrario se trabajaría una impugnación por el proceso mal hecho, aunque éste lo tendría que presentar algún partido político y/o asociaciones civiles.
“Esto fue una tomada de pelo y claro que estamos muy molestos con el coordinador de la bancada mayoritaria”, la diputada refirió que Jorge Varona Rodríguez se burló de su confianza y la de todos los grupos, pues en Comisión de Gobierno se acordó que fuera el encargado de presentar la quinteta sin que los candidatos tuvieran alguna extracción partidista: “el día que se aprobó la quinteta se le pidió que no fueran militantes, pero como siempre su falta de palabra queda registrada”, reiteró haber confiado en que presentaría perfiles plurales, ya que dijo que la única propuesta del grupo blanquiazul no fue aceptada, por lo que decidieron dejárselo en sus manos.
Para la bancada, el problema mayor es el tiempo, acusaron que todo lo hicieron a “botepronto”, con prisas y sin permitirse detener en los procesos para cambiaron ciertos puntos que requerían y evitarse conflictos de esta naturaleza.
Al ser cuestionado, Varona Rodríguez aseguró no comprender a qué se refiere con sentirse “engañada”, si la quinteta fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Gobierno, todos los integrantes conocían a la perfección los perfiles antes aprobarlo: “no creo que se pueda llamar engaño, todo está transparente y la decisión quedó en manos del fiscal general”.
Según el Código Electoral en su artículo 205 fracción tercera párrafo tercero, se tienen cinco días naturales para designar al titular de la Fiscalía Especial en Delitos Electorales; como el proceso inició el viernes será hasta el miércoles 29 de julio cuando se tenga el resultado; al ser elegido por el fiscal general, la toma de protesta no se ejecuta en el Congreso local, sino en las instalaciones de la Fiscalía.
