- Podrían existir intereses económicos de por medio: Martín Jáuregui
- Defiende municipio a Caasa: Rangel de Lira
Desde el punto de vista del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jesús Eduardo Martín Jáuregui, la interpretación del municipio de Aguascalientes sobre la Ley de Aguas aprobada por el Congreso del Estado el pasado 26 junio obedece a intereses económicos de la capital.
Esto luego de que el titular de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (Ccapama), Evaristo Pedroza Reyes, declarara que lo aprobado por los legisladores -respecto al impedimento para realizar cortes de agua en caso de adeudos- sólo aplicaba para aquellos sectores considerados vulnerables por determinación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
“Ojalá fuera desconocimiento de la ley, desde mi punto de vista lo que están haciendo es tratando de hacer una interpretación que sea la más favorable para Caasa y por lo tanto para Ccapama, porque Caasa es su cliente, de alguna manera Caasa paga al municipio por la concesión”, indicó Martín Jáuregui.
El ombudsman agregó que lo declarado por Pedroza Reyes es preocupante debido a que podría incurrir en violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos aguascalentenses: “Me preocupa la interpretación de Ccapama porque es incorrecta, está mal interpretándose la ley y se podría echar abajo la buena intención que tuvo el Congreso del Estado de garantizar el derecho al agua como uno fundamental (…) la ley es muy clara, se trata de una norma causal, la ley no se aplica solamente a los sectores vulnerables, la ley es para todos, si el legislador hubiera querido decir lo que interpreta el señor Evaristo Pedroza lo hubiera dicho, que solamente tendrían derecho a esto las personas en condiciones vulnerables indicado por el Coneval”.
Martín Jáuregui indicó que el acceso al servicio de agua potable es un derecho fundamental: “Si el Congreso señala claramente una protección, una garantía del agua, es que es un derecho humano, uno fundamental considerado por la Constitución y ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede ser que la interpretación de la autoridad administrativa deje sin efecto lo que se aprobó en el Congreso”.
–¿La Comisión perseguirá que el municipio de Aguascalientes cumpla esta ley a cabalidad?
–Por supuesto, porque creo que este tipo de intérpretes no nos hacen bien para la ley, si nosotros leemos la exposición de motivos, cómo quedó la ley y los comentarios de los diputados es clarísimo, no se puede cortar el agua a nadie por falta de pago.
–¿Podrán presentarse denuncias en la CEDH?
–Por supuesto, cualquiera tendría todo el derecho y nosotros actuaríamos haciendo la recomendación correspondiente.
El diputado promovente de la Ley de Aguas, Jesús Rangel de Lira, enfatizó que lo aprobado aplica para toda la población y no sólo en los polígonos de pobreza del estado. Agregó que el municipio capital actúa con base en intereses de la concesionaria Caasa: “Creo que aquí Ccapama está muy desesperado por defender a la concesionaria, el municipio está interpretando algo que ni la propia concesionaria ha salido a decir y lo está diciendo Ccapama, que pena que un órgano regulador tenga que hacer eso. No tienen porque tratar de interpretarla a como les está diciendo la concesionaria que la interpreten, hay que apegarse al texto de la ley”.
–Hasta ahora, ¿se ha cumplido la ley?
–Ahorita no tenemos conocimiento de personas a las que les estén cortando el servicio al contar con un tercer adeudo, en el caso de que sea así les invito a que se acerquen al Congreso y los apoyamos para que se haga efectivo el respeto a la ley.
