- El grupo panista presentó un análisis jurídico que contraviene a las observaciones del Ejecutivo
- Congreso local respaldará a escuelas y hospitales públicos para evitar que se les cobre el servicio de agua
Con el diputado Mario Álvarez Michaus con permiso de la presidencia, la mañana de ayer la diputación permanente sesionó sin asuntos en cartera de relevancia para el debate, por lo que se procedió a los asuntos generales con el reclamo del representante de Acción Nacional por el reciente veto parcial ejercido por el gobernador a la iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Social.
“El veto debe ser empleado con la más absoluta responsabilidad por parte del Ejecutivo”, puntualizó Leonardo Montañez Castro, al dar lectura a un análisis jurídico de la respuesta del Ejecutivo, en el cual se destaca que el Congreso no invade competencias del Congreso de la Unión en materia de uso de datos personales y transparencia gubernamental, pues la propuesta pretendía homologar la Ley de Desarrollo Social con los ordenamientos federales ya contemplados como es la operación del Padrón Único de Beneficiarios.
“En el documento se decía que la propuesta adolece de sustento jurídico, al respecto debemos dar respuesta inmediata”, se aclara que aunque el veto indica que el Congreso no tiene competencia para legislar en materia de uso de datos personales y transparencia gubernamental, las reformas propuestas nunca contemplaban en esta materia, sino en armonizar la ley local con la federal reformada el 4 de mayo del 2014.
Tras concluir su participación, reiterando que el tema no estaba concluido y que el grupo parlamentario de Acción Nacional continuaría en la exigencia de respetar la propuesta, el priista Eduardo Rocha Álvarez abrió el debate al señalar que el gobernador se apegó a la ley y al ejercicio de su derecho de veto para fundamentarlo adecuadamente, pues las modificaciones a la Ley Estatal de Desarrollo Social pretendidas por la diputada Sylvia Garfias Cedillo invaden la competencia del Congreso de la Unión, únicamente por tratarse de protección de datos al referirse del padrón de beneficiarios de programas sociales.
“El proceso legislativo continuará su curso y la Comisión de Desarrollo Social de este Congreso ya en su momento analizará las observaciones del gobernador”, por lo que llamó a la prudencia de sus compañeros panistas a esperar los tiempos y respetar el procedimiento legislativo.
Al concluir el tema, el perredista Cuauhtémoc Escobedo Tejada se pronunció en contra de que la concesionaria del agua en la capital, Proactiva Medio Ambiente Caasa, pretenda el cobro del servicio a escuelas y hospitales públicos, puesto que ambos son entes que prestan un servicio a la población; agregó que el 34.8 por ciento de la población en Aguascalientes vive en pobreza y 27 mil 700 personas en la categoría de extrema pobreza, y al sumársele los amplios gastos en útiles escolares, cuotas y uniformes escolares, el cobrarse el agua causaría una afectación mayor además de “bloquear el derecho a la educación de millares de familias, como siempre, el costo del servicio de agua potable se le cargaría a los padres”.
El representante de Movimiento Ciudadano, Oswaldo Rodríguez García, coincidió en que el Congreso deberá respaldar a las escuelas y hospitales y poner alto a los abusos de la concesionaria: “Debemos recordar que gracias a los ciudadanos esta empresa extranjera obtiene ganancias y no es justo que sea a costa de ellos como pretendan enriquecerse aún más”, poco antes de iniciar la sesión, el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Jesús Rangel de Lira, aseveró que fue el juez tercero quien decidió concederle a la concesionaria la suspensión por argumentársele que se estaba quedando sin recursos; al ser un proceso jurídico lento, consideró que el Instituto de Educación no acceda al pago y deje que se acumule la supuesta deuda indicada por Caasa, hasta que no tengan la resolución del amparo, “no vamos a permitir un abuso más de esta empresa”.
Como última participación registrada, Rocha Álvarez emitió un pronunciamiento a nombre del grupo PRI-PVEM sobre el atinado impulso de la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios, presentada por el Gobierno Federal, puesto que desde su análisis, se permitirá el fortalecimiento de las finanzas de las entidades mediante topes y restricciones en la contratación de empréstitos: “Creemos que la creación de un registro único permitirá monitorear y alertar sobre cualquier anomalía que pudiera poner en riesgo la aplicación de los recursos públicos”.
Los congresos locales tendrán que comenzar con el trabajo de las armonizaciones que requieran las posibles leyes secundarias, sobre todo aquellas en el ámbito de la fiscalización y manejo del recurso económico. Por ello se anunció que en próximas semanas el grupo mayoritario entregará su propuesta a la diputación permanente.
Contrario al priista, Escobedo Tejada puso en duda la propuesta, ya que los municipios son los más afectados en cuanto al tema de los recursos económicos: “En la mayoría de los casos en lugar de tener una finalidad municipalista, es con fines de persecución y castigo”, recalcó que una de las características principales de la actual administración federal priista es su afán por centralizar las políticas públicas olvidándose de las grandes necesidades que enfrentan los municipios.
Se hizo énfasis en municipios como El Llano o Asientos, donde sus necesidades son inmensas debido a la pobreza que existe entre su población: “Ellos no cuentan con el capital suficiente para atender todas las necesidades de su población, y luego dicen que son los alcaldes los que no hacen nada”, cuando las escasas gestiones que logran ejecutarse no alcanzan para cubrir todo lo que se supone debería estar atendido por programas federales a favor de los ayuntamientos.
Al cerrar el debate, el priista pidió que no se adelantaran a las críticas sin antes entender el real espíritu del nuevo ordenamiento, reiterándose que sólo busca prevenir los excesos en los municipios y entidades y el derroche financiero al orientarlos sobre la viabilidad de pago de los créditos que soliciten.
