El pasado 24 de agosto, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, inauguró el inicio del ciclo escolar 2015-2016 en compañía del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, y del líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; en ese acto mencionó que la niñez y la juventud del país “son lo más importante, lo que más queremos y por lo que luchamos todos los días, lo que más nos importa en la vida”.
La matrícula escolar este año es de 25.9 millones de alumnos, que ocupan 228 mil 269 planteles de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, en instituciones públicas y privadas. En preescolar la matrícula asciende a cuatro millones 852 mil 242 alumnos, en primaria 14 millones 257 mil 501 alumnos y en secundaria seis millones 852 mil 429 estudiantes.
En esta época del año el paisaje urbano se ve modificado por la gran cantidad de vehículos que transporta a las (como dicen los clásicos) chiquillas y chiquillos y se activa la economía de quienes se dedican a la venta de útiles escolares y ropa, pero sobre todo de alimentos, en especial los considerados como “chatarra”; en el caso del medio rural, cada vez menos importante por el olvido en que se tiene por parte de los gobiernos, la situación no es tan visible, pero también se activa el ritmo cotidiano y un poco la economía. En ambos escenarios se percibe, todavía en algunos casos, el entusiasmo de los que creen que estudiando pueden acceder a mejores niveles de vida; lo cual cada día es menos probable, por la poca movilidad social que permite el sistema político y social instaurado en México desde la década de los ochenta del siglo pasado y por los graves problemas económicos del país.
De cualquier manera el estudiar les garantiza, por lo menos, la posibilidad de no caer en la indigencia a estos casi 26 millones de mexicanos y mexicanas en edad escolar, ¿pero qué hay de todos aquellos que no tienen este privilegio? Aunque existe una “Declaración de los derechos del niño” aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959, al considerar que los niños y niñas por su falta de madurez, física y mental, necesitan protección y cuidados especiales, en su principio 7 menciona: “El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad…”.
A pesar de lo anterior y también a que nuestras leyes “garantizan” el derecho a la educación, consagrado primordialmente en el artículo 3 de la Constitución federal que dice: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios- impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior…”, siguen existiendo miles de niñas, niños y adolescentes que no asisten a la escuela, principalmente por razones económicas.
En el foro mundial Educación para Todos Dakar 2000, convocado por la Unesco, México dentro de otros 164 gobiernos se comprometió con seis objetivos, el segundo de los cuales es: “Velar por que antes del año 2015 todos los niños y niñas, sobre todo quienes que se encuentran en situaciones difíciles, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen.”; sin embargo en el país tenemos un millón de niños y niñas menores de 15 años que no asisten a la escuela.
Esto es otro de los compromisos que el Estado mexicano tiene pendiente de solventar y al cual debemos poner atención todos los mexicanos, especialmente los que tenemos la noble tarea de legislar.
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