Anayeli Muñoz
Un robo por hora en Aguascalientes.
De acuerdo al informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común, proporcionado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Municipal, en Aguascalientes se registran 1.2 robos cada hora. Es decir, una familia pierde sus bienes muebles, a un joven le roban la cartera, con violencia se llevan el dinero en una tienda de abarrotes o un estudiante es asaltado al trasladarse a la universidad.
Esta es la ciudad en la que vivimos, la misma ciudad que “gobierna” Juan Antonio Martín del Campo.
Según datos emitidos por la Fiscalía General de Justicia, de enero a junio del 2015 se han registrado cinco mil 479 robos en Aguascalientes, de los cuales 407 fueron con violencia y cinco mil 72 sin violencia.
Para poder dimensionar estos datos, es necesario revisar que en comparación con el año 2014, Aguascalientes registra un incremento de 786 robos. Vivir una experiencia como esta tiene consecuencias que no son cuantificables, por ejemplo la angustia de sentirse vulnerable en una ciudad donde cada día se escuchan y leen nuevas noticias de la inseguridad que habita en la capital del estado.
Esa molestia de saber que alguien se cree con el derecho de tomar las cosas que no le pertenecen y entonces irse con ellas a pesar del trabajo y esfuerzo que cualquiera de nosotros hacemos para poder adquirir ciertos bienes. Esa preocupación de sentirse víctima luego de que otra persona lo amenaza para despojarlo de sus pertenencias.
Hasta el cierre de esta editorial, no se conocía públicamente que el alcalde de Aguascalientes, Juan Antonio Martín del Campo, fuera víctima de un delito del fuero común. Solamente se tiene el registro de que su hermano, Leobardo Martín del Campo, se vio involucrado en un atentado, el cual quedó registrado, pero ¿aclarado?
La semana anterior acudí a la Fiscalía General de Justicia de Aguascalientes a denunciar el allanamiento a mi casa de gestión ubicada en la colonia Jesús Terán. A pesar de que en la oficina se encontraban medicamentos y apoyo de gestión, así como equipo informático, los intrusos se dedicaron a romper el mobiliario y quebrar los vidrios.
Duele vivir en un municipio obscuro, gobernado a medias y con notoria ausencia de políticas públicas.
El responsable de la seguridad pública municipal, arguye y se esconde en reiteradas ocasiones, bajo el cómodo convenio del Mando Único, como si no supiera lo que ha firmado -quizá no leyó las letras chiquitas-. El documento clarifica la visión de quienes creen que la seguridad recae en las instituciones del estado, en ese cometido no tendría caso la policía municipal y viviríamos en un estado autoritario.
El Mando Único habla exclusivamente de coordinación, no de cesión de derechos y responsabilidades. Es importante tener en claro que los delitos del fuero común son completa y absoluta responsabilidad del gobierno municipal, para muestra un extracto del artículo 115 constitucional:
“(…) iii. los municipios, con el concurso de los estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: a) agua potable y alcantarillado; b) alumbrado público; c) limpia; d) mercados y centrales de abasto; e) panteones; f) rastro; g) calles, parques y jardines; h) seguridad pública y tránsito. (…)
Con la esperanza de que estas letras no tan chiquitas puedan leerse claramente.
Mi agradecimiento a quienes por medio de una llamada o un mensaje mostraron su respaldo ante mi caso. De la misma manera, quiero enviar mi solidaridad a las y los más de cinco mil aguascalentenses víctimas de un gobierno que no ha sabido proporcionarnos lo más valioso que pudiera tener nuestra familia: tranquilidad.
