A la memoria de Héctor Alfredo Gómez Barrera
El pasado 21 de julio, los Gobiernos de la República y del Estado de Oaxaca anunciaron la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Ieepo, con el objetivo de recuperar la rectoría y la administración de la educación pública del estado. La decisión de los gobiernos anunció también la creación de otro organismo descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, mediante el que se aplicaría la Reforma Educativa en la entidad; la medida administrativa, de la simultánea supresión y creación del nuevo organismo -aunque, prácticamente, sea lo mismo-, facilita, a partir de cero, la conformación de la nueva estructura directiva, ocasión para hacer a un lado a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE.
Es importante tomar en cuenta varios elementos reflexivos que confluyen en este escenario: la renovada vigencia del modelo corporativo del sindicalismo en México, en esta ocasión de trabajadores al servicio del Estado; el caso de la Sección 22 de la CNTE, como ejemplo extremo de la pérdida de control por parte del Gobierno de la República; la aplicación -nuevamente- del criterio de exclusión a los opositores al Gobierno; y el reconocimiento de los sectores de la sociedad a la necesaria medida tomada por los dos gobiernos.
Durante muchos años fue útil a los presidentes de la República el modelo corporativo, en este caso aplicado a los trabajadores del país, que incluía tanto a los de las empresas privadas, como a los del Estado, a través de los Apartados A y B del Artículo 123 de la Constitución Política de México. Con la alternancia partidista en la Presidencia de la República, el corporativismo entró en una etapa de redefinición, apoyada con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que confirmaba la licitud y legalidad de la formación de dos o más sindicatos en una misma institución (de esta manera existen, por ejemplo, además del sindicato tradicional de trabajadores al servicio del estado y de los maestros, FSTSE y del SNTE, otros sindicatos registrados [como no es el caso de la CNTE]). Con el regreso del PRI a la Presidencia de la República se ha vuelto, en la práctica, a la vigencia tradicional del modelo corporativo del sindicalismo.
Recordemos, brevemente, algunas de las características del modelo corporativo del sindicalismo mexicano: la estructuración organizada de las grandes centrales obreras alrededor del Gobierno y de su partido, el PRI, junto con la exclusión de aquellas organizaciones opositoras al ‘régimen’; la aplicación del control político-partidista de los trabajadores a través de las directivas sindicales (que se reelegían -y algunas lo siguen haciendo- indefinidamente y aplicaban la llamada ‘cláusula de exclusión laboral’); la aportación obligada y el manejo exclusivo y autónomo de las cuotas sindicales por parte de las directivas, con el consiguiente enriquecimiento patrimonial; el control sobre las plazas laborales ‘pertenecientes’ al sindicato; y el sometimiento y cooptación de las directivas sindicales por parte de los gobiernos por medio de puestos de elección popular (desde candidaturas a presidencias municipales, legisladores estatales y federales, hasta gubernaturas, todo ello orientado a las movilizaciones electorales).
Las preguntas ahora son ¿por qué sí hacer la exclusión de la Sección 22 de Oaxaca y no también de las otras secciones de la CNTE, o de las secciones del SNTE en las otras entidades de la República, incluida la de reciente creación en el mismo estado de Oaxaca, la 59, como contrapeso a la 22? ¿la rectoría de la educación la debe tener el Estado en toda la República, o sólo en Oaxaca? En la búsqueda de respuestas, volvemos a encontrar los elementos básicos que llevan a los gobiernos, particularmente del PRI, a tomar medidas drásticas como la del Ieepo: de entrada está la creciente paralización de la actividad educativa en el Estado de Oaxaca -que sobrepasa lo realizado por la CNTE en otras entidades de la República-, teniendo como gran motivación, la también cada vez mayor oposición y bloqueo a la implementación de la Reforma Educativa del presidente Enrique Peña; se observa también como motivo, la disposición que tenía la Sección 22 sobre los recursos administrativos del Ieepo, aparte de los recursos propios de la sección sindical.
Cuando algún sindicato corporativo se opone a un presidente de la República o posible candidato a la presidencia, la respuesta ‘institucional’ del Gobierno es la exclusión y persecución del líder opositor. Los casos en la historia sindical del país son ampliamente conocidos: desde las movilizaciones de los petroleros, maestros, ferrocarrileros, electricistas, médicos del IMSS, etcétera, hasta llegar a los más recientes como fueron los petroleros con La Quina, y los maestros con Carlos Jonguitud y, ahora, Elba Esther Gordillo y la Sección 22.
Los objetivos en todos estos casos no era ‘desmontar’ la estructura corporativa y de subordinación, o la corrupción e ineficiencia de los sindicatos, para pasar al sindicalismo libre, autónomo y auténtico a favor de los trabajadores; los objetivos que estuvieron -y están a la vista- son el hacer a un lado a dirigentes sindicales que, con acciones, se oponen e impiden la realización de determinadas políticas del presidente de la República. La herramienta utilizada y que se puede ‘mostrar’ a la sociedad como causa legal de la exclusión y acción penal contra un dirigente sindical, es la violación a las leyes (violaciones permitidas a los dirigentes sindicales que están ‘alineados’ con el poder político, pero que siempre están a disposición del gobernante para ser usadas en cualquier momento necesario [violaciones como las del exdirigente priista del Distrito Federal, podrán esperar otros tiempos, si fuera el caso]).
Si el acontecimiento de Oaxaca es observado asiduamente por la sociedad, podrá servir de palanca para poder llegar al mejoramiento nacional de la educación pública y de un mejor sindicalismo no corporativo.
