Inicio esta participación editorial que amablemente me permite La Jornada Aguascalientes expresando mi solidaridad a quienes ejercen la importante labor periodística; sin duda, una apasionante e imprescindible profesión por la que no deberían existir límites ni opresiones.
Es entendible el enojo y el sentimiento de impotencia por el asesinato del fotógrafo Rubén Espinosa. Un acto que exige una respuesta convincente e inmediata; pero sobre todo, una reacción del Estado mexicano para dar garantía de la libre expresión y el respeto a quienes constituyen la voz y el sentimiento de la sociedad.
Indudablemente que los tiempos de la política y en general de la democracia han cambiado drásticamente.
Si bien persiste el reclamo por un mayor respeto al voto y a la participación de los mexicanos en las políticas públicas, incursionamos en una época donde las instituciones electorales están dando muestra de su compromiso con la nación, con facilitar el acceso a gobiernos legitimados por la decisión responsable de los ciudadanos en el escenario de la legalidad.
El ejemplo reciente es el dado por la Sala de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al determinar por mayoría de sus magistrados anular los resultados de la elección del Distrito I, al encontrar que desde el Poder Ejecutivo se habían violado los principios de neutralidad y equidad en la jornada del pasado 7 de junio.
Se trata de una decisión histórica para Aguascalientes, pero con una resonancia en el país, que marcará el comportamiento de toda autoridad en lo sucesivo.
Con ello sólo se está cumpliendo aquella sentencia que en su momento profesara el jurista francés Montesquieu y que vale la pena recordar: “para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”.
Si bien en cualquier momento la Sala Central del Trife estaría en condiciones de ratificar la orden de la Sala en la que se circunscribe en Aguascalientes, es necesario entender esta nueva era de la democracia en México, donde se ha avanzado para dar plena garantía del respeto al voto de los ciudadanos.
Hay que admitir que aún falta contundencia sobre los mecanismos que contribuyan a la confianza de los mexicanos en sus procesos electorales. Que sólo la transparencia conduce a las urnas; que en la propuesta y no en las descalificaciones se suman votos y que el acceso al poder ya no puede darse a través de la compra de conciencias, influyendo engañosamente en el ánimo social ni utilizando indebidamente los recursos de los gobiernos para los objetivos electorales.
La sociedad mexicana ha despertado a una nueva realidad en la democracia. El hartazgo sobre la clase política orilló a muchos sectores a buscar nuevas alternativas de representación. Lamentablemente a otros los condujo a no interesarse en sus gobiernos y mostrarse apáticos en las decisiones que involucran y afectan a todos.
La experiencia vivida debe ser una lección para todos, sobre todo a quienes hoy ostentan algún cargo público, a no participar en las elecciones, salvo al derecho y obligación que como ciudadano tienen. A volverse sólo auxiliares de la instancia electoral cuando así lo requiera y bajo los términos que estipulan las leyes.
A no arriesgarse más a conducir a una elección de Estado, sobre todo en un momento en el que los aguascalentenses estaremos participando en la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo así como las once alcaldías.
A ningún gobernante le debe ganar más la tentación por entrometerse en la elección ni influir en la vida interna de los partidos políticos. El tiempo que tuvieron para ser parte de la elección ya pasó, y ahora, como gobierno, están obligados a dedicar todo su esfuerzo a responder a la sociedad sobre los compromisos que previamente hicieron a fin de alcanzar el poder.
De no ser así, es necesario tener presente que la sociedad en su momento castigará cualquier omisión, acto de corrupción o abuso de autoridad.
En tanto, los partidos tienen una dilatada tarea de buscar el interés de la población. De volver a abanderar sus intereses y recuperar la confianza perdida.
Es decir, en este propósito de la democracia electoral hay diferentes papeles que cada uno debe cumplir, pero también respetar las fronteras estipuladas en la legislación.
Ya no son aquellos tiempos de las imposiciones y los ganadores únicos. Tampoco de las leyes a modo de un solo partido. Quedaron atrás los sistemas judiciales en los que se desechaban sin el análisis las irregularidades de las contiendas y se consentía a los gobernantes.
En lo personal tengo confianza en el proceder imparcial del Poder Judicial. En la trayectoria y ética de cada uno de los responsables de aplicar la justicia.
De optar por repetir la elección en el Distrito I, es decir, en los diez municipios del interior de Aguascalientes, seguramente en el conocimiento del Instituto Nacional Electoral (INE) y el trabajo de los partidos políticos en contienda se podrá resolver un asunto de relevancia.
Porque se trata de contar con un interlocutor del estado con el Pacto Federal. Un gestor que trabaje por el desarrollo del campo y en general el bienestar de la sociedad.
Será una oportunidad más en la que los electores de los municipios tendrán que decidir con libertad y comprendiendo que el voto siempre será el instrumento para alcanzar la justicia social.
E insisto a quienes desde el gobierno de cualquier orden pretendan intervenir para no perder el poder, lo mejor es no intentarlo nuevamente. Porque el sistema que da soporte a la democracia en Aguascalientes tendrá desde ahora, y en lo sucesivo, más observadores sobre cualquier proceder.
