Por unanimidad, los magistrados Marco Antonio Zavala Arredondo, Reyes Rodríguez Mondragón y Yairsinio David García Ortiz, de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Monterrey, anularon la elección del Distrito I y confirmaron el triunfo del PAN en los Distrito II y III.
La sesión que inicio a las ocho de la noche finalizó en la madrugada dictaminando que se retirara el nombramiento de diputado electo a Gregorio Zamarripa Delgado, en atención a la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional, el cual promovió un juicio de inconformidad contra los resultado de la elección de diputados federales de mayoría relativa en el Distrito I en el estado de Aguascalientes, así como la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría.
El Partido Revolucionario Institucional puede aún interponer un recurso de consideración, de perderlo, se confirmaría la realización de una elección extraordinaria en el Distrito I. Durante la exposición de motivos se indicó que la actuación del gobernador Carlos Lozano de la Torre fue “seria contra el proceso electoral” y si bien no se realizó en forma generalizada, por tratarse de un evento y un personaje de tal proyección política en la entidad, la actuación del gobernador no puede tomarse como una actuación de un tipo común, en referencia al recorrido que se realizó a bordo del autobús de Gobierno del Estado el día de las elecciones. El paseo fue denunciado por el PAN ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), por usos de recursos públicos para hacer proselitismo en favor de los candidatos del PRI.
El día de la elección, el gobernador Lozano de la Torre llegó a las tres casillas donde votaran Gregorio Zamarripa Delgado, María de los Ángeles Aguilera Ramírez y José de Jesús Ríos Alba a bordo del autobús que normalmente utiliza en las giras oficiales, y en cuyos costados se lee “Progreso para todos. Gobierno de Aguascalientes”. Este hecho fue calificado por dos de los magistrados con la gravedad suficiente para decretar la nulidad de la elección, y establecieron que el Instituto Nacional Electoral deberá sancionar al Gobierno del Estado por la violación del Artículo 134 constitucional que indica que los recursos públicos deberán administrarse con “eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
