- La Comisión de Recursos Hidráulicos no ha recibido ninguna denuncia por cortes de agua
- En caso de que algún municipio persista en el corte del servicio podrían demandarlo penalmente
Mientras representantes de Movimiento Ciudadano denunciaban mediáticamente al municipio de Calvillo por violar la Ley del Agua del estado al cortar el servicio en las comunidades con mayor rezago económico; el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en el Congreso local, Jesús Rangel de Lira, aseguró no contar con ninguna queja hasta el momento, sin embargo invitó a los ciudadanos afectados a presentar su denuncia para que los legisladores puedan ejecutar la ley.
“Los municipios están malinterpretando la ley, deben de entender que la norma aplica para todo el estado”, en tanto ningún municipio está facultado para cortar el agua, únicamente pueden realizar acuerdos en Cabildo sobre cómo limitar el servicio o fomentar el pago oportuno, pero bajo ninguna circunstancia puede cortarla.
El representante del Partido del Trabajo aclaró que el asunto de la reforma a la Ley del Agua para prohibir los cortes del servicio no fue trabajado sólo en contra de la concesionaria Proactiva Medio Ambiente Caasa, aunque la intención original era poner freno a sus abusos, se sustentó que la importancia de esta modificación era el que se garantizara el agua como un derecho humano a las personas que no cuentan con el suficiente recurso para pagar: “Aclaremos nuevamente, ningún municipio, aunque preste el servicio directo, tiene facultad para cortar el agua”, aunque el diputado reconoció que pueden ser sancionados, la ley no especifica cómo, sino que la Comisión correspondiente debe dialogar y analizar el caso y decidir cuál sería la medida adoptada. Dijo que los ciudadanos pueden conectar nuevamente el servicio sin ser acreedores a una multa, pues están en su derecho de contar con el servicio.
Si cortan el agua en el caso de la capital el ciudadano puede presentar una demanda penal, no sólo administrativa, pero ya en situaciones de los municipios del interior tendría que analizarse si ése es el camino correcto, pues hay el margen para que los ayuntamientos se adecúen a las necesidades de ambas partes y otorguen cuotas más accesibles. “La ley se tiene que cumplir, no hay de otra”, si el Ayuntamiento (cualquiera que sea) persiste en la actitud de cortar el servicio y el diálogo con el Congreso no funciona, los diputados están facultados para incluso demandar al Ayuntamiento.
