- Se prevén más de 20 cambios en la ley estatal
- Se han presentado tres iniciativas relativas al tema: Varona Rodríguez
En el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, que comprende de noviembre a marzo, los legisladores que componen la LXII Legislatura deberán discutir, analizar y aprobar la armonización de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes, misma que entró en vigencia en el ámbito federal el pasado 4 de mayo.
La adecuación de la ley prevé alrededor de 28 cambios -aumentos de obligaciones- a la ley: las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos; el listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición; los montos aplicados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención; el listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; y resoluciones o laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio.
La ley general también incluye la creación de un padrón único de beneficiarios que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, además de la unidad territorial, edad, y sexo. El objetivo es no repetir apoyos sociales a las mismas familias y evitar la desviación de recursos públicos.
En la armonización de la ley, también se establece que los sujetos obligados deberán transparentar el número de plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; así como las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación.
A esto se agrega la información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que así lo determinen y en los sistemas habilitados para ello; así como las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos.
Otras modificaciones a la ley señalan que será sujeto de transparencia la información relativa a la deuda pública; informes que por disposición legal generen los sujetos obligados; montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o realicen actos de autoridad, asimismo, los informes que dichas personas entreguen sobre el uso y destino de los recursos; los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado; los programas que las entidades gubernamentales ofrezcan, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos; y todas las evaluaciones, encuestas y estudios que realicen los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos, entre otros.
La ley general establece como sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los órganos autónomos; partidos políticos; fideicomisos; fondos públicos; y cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, estatal y municipal.
Según datos del Índice de Derecho de Acceso a la Información en México, realizado por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes tiene faltas y omisiones en 84 casos que impiden el fomento a la transparencia de la vida política, social y económica del estado.
La armonización de la ley contempla nuevas figuras de órganos colegiados, como el Comité de Transparencia, que estará integrado por un número impar de miembros que no dependerán jerárquicamente entre sí; con doce facultades, entre ellas, instituir, coordinar y supervisar las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información; establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio al derecho de acceso a ella; auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes, y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes a sus requerimientos; y hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley, entre otros.
Con base en la armonización, el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (Itea) realizó un anteproyecto que será remitido primero al Poder Ejecutivo y luego al Poder Legislativo. Se prevé el aumento de cuatro plazas laborales y equipamiento y gasto operacional. La propuesta presupuestaria asciende a los 30 millones de pesos.
El coordinador de la bancada mayoritaria (PRI-PVEM) en el Congreso del Estado, Jorge Varona Rodríguez, detalló que por el momento se han presentado tres iniciativas relacionadas con la armonización de la ley de transparencia, mismas que fueron remitidas para su discusión a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, una de ellas presentada por la coordinadora de la bancada panista, Martha Márquez Alvarado, una del Poder Ejecutivo, y una del Partido Nueva Alianza.
El trabajo de armonización deberá conjuntarse con la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción: “En principio la idea es que el siguiente periodo se pueda desahogar este tema, todo depende de la capacidad que tengamos los grupos parlamentarios para ponernos de acuerdo sobre estos asuntos. A más tardar tiene que estar para mayo, y en ese mes también surgirá la reforma nacional en materia de Sistema Nacional Anticorrupción que deberá concordar con el tema de transparencia”.
“Será un ejercicio que deberá ser muy cuidadoso por todo lo que implica y las expectativas que genera ante la sociedad. Finalmente será un ejercicio de armonizar la legislación local con la ley general, cuyos criterios debemos observar y respetar.”
