La desconfianza ciudadana ha estado presente a lo largo de la historia del país y la materia electoral no es la excepción, al grado que el diseño del sistema electoral mexicano tiene sus bases en combatir la desconfianza, dando lugar a que de manera paulatina, se fueran introduciendo diversos mecanismos que previnieran, o por lo menos obstaculizaran las practicas que pudieran vulnerar los principios básicos del sufragio y aseguraran a los electores la autenticidad de las elecciones.
En primer término se requirió desaparecer la desconfianza hacia quien organiza la elección, al construir y diseñar una autoridad netamente ciudadana que garantice hasta cierto punto una distancia entre el gobierno y su participación en los comicios, erradicando la idea de que el candidato ganador fuera siempre el impuesto desde las instancias de gobierno. Dando pie al Instituto Federal Electoral, mismo que tuvo en su primer Consejo General, encabezado por José Woldenberg, un repunte en los índices de confiabilidad ciudadana.
Casi paralelamente -con todo y los resultados exitosos del primer Consejo General del IFE- fue necesario constituir una instancia de naturaleza jurisdiccional encargada de revisar las actuaciones y determinaciones del IFE durante un proceso electoral, de nuevo ante la desconfianza de que la autoridad administrativa encargada de organizar las elecciones pudiera favorecer a un determinado candidato o partido político, gestándose así el naciente Tribunal Federal Electoral (Trife por sus siglas, hoy TEPJF).
Cimentadas las autoridades encargadas de organizar las elecciones (IFE) y aquellas que las revisaran y sancionaran (Trife), se llevaron a cabo importantes modificaciones para asegurar que los actores políticos contendieran en un escenario equitativo, como la constitución de un padrón electoral, la creación de la credencial para votar con fotografía, la introducción del sistema de financiamiento con recursos públicos a los partidos políticos, la fiscalización de su uso y destino, entre otros.
Al paso de los años y a pesar de los mecanismos de control insertos en la normativa electoral, el escenario parece no haber cambiado, la desconfianza ciudadana permanece intacta, los resultados electorales son continuamente puestos en duda y la idea del posible fraude electoral parece no desaparecer.
Ante dicho resultado resulta lógico preguntarnos ¿qué hace falta para lograr una sólida confianza ciudadana?, ¿qué necesitan llevar a cabo las autoridades electorales del país para lograr que los electores crean y confíen que los resultados electorales representen realmente la voluntad ciudadana?
Repetidamente el sistema electoral mexicano es cuestionado por sus altos costos, su sobreregulación, sus medidas por algunos calificadas como exageradas, como lo es la necesidad de regular el acceso a radio y televisión que tengan los partidos políticos, la necesidad de topar los gastos que eroguen los partidos y candidatos durante las campañas y precampañas, pasando por cuestiones básicas como la necesidad de que cada elector tenga que ser marcado con tinta indeleble para asegurar que no vote en más de una ocasión o los cómputos realizados en más de una ocasión por múltiples organismos (primero por las mesas directivas de casilla, posteriormente por los consejos distritales o municipales, luego por el consejo general y, en caso de impugnación, por parte de las instancias jurisdiccionales locales pudiendo también ser revisadas por las instancias jurisdiccionales federales) y la necesidad de contar con tribunales especializados que diriman las controversias en la materia. A pesar de todo ello resulta innegable que el mexicano es uno de los sistemas electorales más consolidados en el mundo, de ahí se insiste en la pregunta de ¿porque la desconfianza sigue persistiendo en los electores?.
Consideró que el problema no se encuentra en la organización y la tutela de la elección, sin temor a equivocarme puedo asegurar que en los procesos electorales del país el ganador siempre es el que más votos obtuvo de los electores, cada voto cuenta y se cuenta, los mecanismos y medidas de seguridad vigentes garantizan una contienda equitativa y la actuación de las autoridades electorales se desarrolla observando ante todo el cumplimiento de los principios rectores de la materia. El problema radica exclusivamente en la cultura cívica del ciudadano, mientras que el grueso de la población continué alejada de las cosas públicas de su ciudad, estado y/o país, el divorcio con los entes de gobierno (incluidas las autoridades electorales) permanecerá, mientras el ciudadano no verifique, vigile y se abstenga de buscar tener injerencia en la toma de decisiones de su entorno, la situación seguirá igual, continuarán los señalamientos hacia la autenticidad de los procesos electorales y por ende el ejercicio del voto correrá la misma suerte, tendremos ciudadanos medianos integrando institutos políticos medianos, con propuestas y posteriores acciones de gobierno del mismo tamaño. El país requiere que ciudadanos comprometidos se involucren en la política y que su comportamiento durante los comicios sea respetuoso y responsable, así y sólo así podremos llegar a la meta de abatir la desconfianza en todo y en todos, no busquemos responsables ni culpables, la solución se encuentra en nosotros.
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