- El 24 de septiembre en audiencia defenderán diputados sus modificaciones a la ley
- De perder el amparo, el municipio podría quitarle la concesión por violación a sus obligaciones
Tras la presentación de un amparo en contra de las modificaciones realizadas en meses pasados a la Ley del Agua por la concesionaria en la capital, Proactiva Medio Ambiente Caasa, el Congreso del Estado es llamado a audiencia el próximo 24 de septiembre para la presentación de pruebas que defiendan sus reformas.
El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Jesús Rangel de Lira, explicó que después de haber entrado en vigor las nuevas disposiciones a la ley en mención, la concesionaria presentó un amparo en contra de los tres temas: otorgar servicio gratuito a hospitales y escuelas públicas, la posibilidad de cancelar el título de concesión por incumplimiento de sus obligaciones y la prohibición de los cortes a personas que tengan adeudos.
Se argumentó que con la imposibilidad de hacer cortes, tendrían problemas financieros y técnicos para proporcionar el líquido a las personas, y con ello incurrir en una violación a sus obligaciones, “pero sin que esto pasara, de todos modos la concesionaria no cumple, no les da el servicio de calidad y sólo afecta a los usuarios”. El juez les concedió una suspensión provisional para los primeros dos, en materia de cortes se coincidió que se trata de un asunto de derechos humanos.
Como en el juzgado tercero se le negó a la concesionaria la suspensión definitiva de las reformas, ésta llevó el caso a la Sala Regional, ahí esperarán a que escuchen la exposición de pruebas el próximos 24 de septiembre, “tenemos suficientes pruebas fehacientes que estamos seguros nos darán la razón”, adelantó que uno de los planteamientos es que en el título de concesión viene que la empresa debe invertir un porcentaje mínimo de aportaciones para mantenimiento de tuberías en beneficio del servicio, eso durante los más de 20 años que tiene como concesionaria, lo que nunca ha aplicado, pues ejercicios de esta naturaleza se han ejecutado con recursos municipales y federales pero nunca directos de Caasa, “la concesionaria no está reinvirtiendo, sólo está ganando para sí misma”, a nombre del Congreso se reclamará con pruebas que esta empresa carece de visión social.
La anterior ley decía que se les podía revocar la concesión cuando incumplieran de manera reiterada, pero nadie tenía claro a qué se refería esa parte, en la reforma se colocó un acotamiento para que “reiterada” signifique dos o más veces; esta reforma le da facultad abierta al municipio capital para que a través de Ccapama reúna los elementos necesarios para sancionar ya sea administrativamente o con el retiro total de la concesión a Caasa.
“El municipio siempre decía que no tenía elementos para sancionarla y que de quitarle el título le costaría más de mil millones de pesos; ahora ya no tiene pretexto”, de perder el amparo el Ayuntamiento no tendría que indemnizar a la concesionaria al aplicar la reforma, puesto que su constante violación a las disposiciones del título de concesión están evidenciados.
El diputado señaló que para el resto de los municipios se especificó que si llegaran a tener problemas de suministro, pueden tomar decisiones autónomas siempre y cuando lo aprueben sus Cabildos. Jesús María fue el único que se acercó al reconocer que cuenta con algunos problemas de recaudación, por lo que se le recomendó que hiciera un ajuste de tarifas para que su población esté en condiciones de hacer los pagos y se equilibrara la prestación del servicio.
