- Asesores de la diputada Sylvia Garfias buscan marcos legales que argumenten una sanción para la Fiscalía
- No han surtido efecto los cambios en el ejercicio de la procuración de la justicia en la entidad
Analizan asesores de la diputada Sylvia Garfias Cedillo la posibilidad de fincar responsabilidades al personal administrativo, operativo e incluso hasta el propio fiscal por las omisiones presentadas en el caso del menor desaparecido desde el sábado por la tarde, ya que a pesar de la presentación de la denuncia, fue hasta 19 horas después cuando la Fiscalía General del estado decidió activar la Alerta Amber estatal.
Desde la creación de la iniciativa de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado el grupo parlamentario de Acción Nacional reclamó que se incurría en una simulación al eliminarse todas las propuestas sobre el tema de la desaparición y trata de personas, “hay una completa ignorancia del tema y una simulación de la procuración de justicia”, ya que a pesar de haberse creado la Fiscalía esta no termina de ser totalmente independiente.
Se puso énfasis en que las promesas de los cambios en el ejercicio de la procuración de la justicia en la entidad no han surtido efecto, sino por el contrario continúan las violaciones a los derechos humanos y civiles de las víctimas y sus familiares, “la maraña de corrupción al interior de la Fiscalía sigue igual que cuando era Procuraduría”, la legisladora lamentó que las autoridades no sean empáticas con el sufrimiento de las familias de las personas desaparecidas, pues hasta el momento siguen sin cumplir los protocolos de atención ni investigación acordados internacionalmente.
“Es una burla que no se haya emitido la Alerta Amber de manera inmediata en el caso del menor Luis Guillermo y más que la Alerta Alba nunca se haya activado en la entidad”, ha sido más eficiente el trabajo ciudadano a través de las redes sociales y movimientos de búsqueda en calles que el actuar de la Fiscalía General.
Aunque México haya firmados varios acuerdos internacionales en la materia y además exista una Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, “están de adorno estos marcos legales, es letra muerta porque la autoridad no tiene voluntad para su aplicación”. Como la Fiscalía tiene la obligación de resguardar la protección e integridad de las personas, se inició un análisis jurídico para fincar responsabilidades en el caso del menor ya que la autoridad no atendió la denuncia dentro de las primeras horas que son consideradas como las más importantes para la localización de una persona; Garfias Cedillo subrayó la existencia de leyes, acuerdos y normas que obligan y responsabilizan a la Fiscalía a seguir protocolos, mismos que no ha seguido por cerrazón y falta de voluntad política.
La posible sanción es el tema a analizar, pues si bien existe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ésta se enfoca en el tema administrativo y el uso de los recursos públicos, por lo que se buscan los alcances jurídicos por incumplir en la activación de la Alerta Amber y protocolos de investigación de menores desaparecidos.
Meses atrás, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Congreso del Estado, el gobierno estatal y la Fiscalía habían acordado que para el tema de desapariciones de personas las alertas quedarían activadas de manera inmediata, sin embargo, en los últimos dos casos de menores no localizados, esto no se cumplió lo que aumentó el riesgo de no localizar el paradero de ambos.
