- El Itea no ejerce sanciones contra la opacidad por falta de especificaciones legales
- Desconoce diputada medidas de austeridad en Legislatura debido a la opacidad
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) propone reformar la Constitución y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para sancionar a los servidores públicos que no transparenten el manejo de los recursos públicos.
La coordinadora de los diputados del PAN en la LXII legislatura, Martha Márquez Alvarado, informó que la iniciativa plantea una reestructuración al Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (Itea), con el objeto de extender su operación y atribuciones para garantizar la rendición de cuentas por parte del estado y el derecho de la sociedad a la información pública.
“El Itea debería de imponer sanciones y no lo está haciendo. Mucha información solicitada vía transparencia, queda como reservada y no pasa nada con las dependencias. Quizá el Órgano Superior Fiscalización debería de sancionar al Itea por no cumplir con sus funciones, así como el Congreso a quienes no lo estén haciendo, pero es cuestión de voluntades. Si queda plasmado en la Constitución, estaremos garantizando el derecho”, señaló Márquez Alvarado.
La propuesta de ley, que cuenta con más y más específicos artículos, prevé regular no sólo a las dependencias gubernamentales, sino a todo organismo que utilice recursos públicos, aún siendo descentralizado. Dicha iniciativa debe aprobarse para realizar una armonización con la normativa federal del Sistema Nacional Anticorrupción.
Para la diputada panista, la actual ley de transparencia es ambigua y aunque prevé sanciones en su redacción, esta no son ejercidas en la práctica, porque no hay voluntad por parte de los funcionarios que administran el Itea. La iniciativa, presentada en junio, contempla amonestaciones, multas y hasta cárcel para quienes retengan información solicitada. Los montos serán determinados conforme la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
“En la constitución ya está aprobado el derecho humano de acceso a la información, la máxima garantía. Si un diputado o funcionario no quiere brindar información, se puede acudir a otra instancia legal, sea una demanda, amparo o cualquier otro recurso.”
Por otra parte, Márquez informó que también se presentó una iniciativa para reformar el reglamento del Congreso del Estado para aumentar la rendición de cuentas, en función de regular las actividades legislativas.
Vía internet, la Legislatura deberá facilitar las minutas de cada una de las sesiones: “el ciudadano va a poder saber cómo votó su diputado en el pleno y las comisiones, qué está haciendo, si asistió o no a una reunión y cuál fue su postura. Además de aumentar la transparencia, con esto se espera fortalecer el proceso legislativo (…). Casi espero renuencia por parte de los demás diputados, pero creo que es muy necesario”.
Por otra parte, la legisladora albiazul desconoció si se adoptarán medidas de austeridad legislativa para adecuarse al recorte del financiamiento federal. Argumentó que el Comité de Administración no ha comunicado a los integrantes del Congreso qué determinaciones se tomarán pues “recae en una sola persona el manejo de los recursos y nada más no avisan las decisiones que se toman; son cosas que desconocemos”.
Por lo pronto, los diputados del PAN no han considerado reducir sus sueldos o recortar personal, pero sí prevén una reducción de gastos de alimentos y reuniones.
