- Sin un reglamento ni protocolo local la autoridad nunca sabrá cómo investigar y llevar un caso de trata
- Aunque no existe una legislación local en materia de trata, los estados no tienen excusa para no atender denuncias
El Observatorio de Violencia Social y de Género y la asociación También es Nuestra Causa (Tanuc) lamentaron que el fiscal general del estado asegure que los casos calificados como trata de personas que se encuentran en proceso abierto no pueden señalarse como una red delincuencial por falta de pruebas, cuando se les ha presentado gran cantidad de evidencias de que algo está pasando en toda la región.
Desde la perspectiva de ambas organizaciones civiles dedicadas al tema de derechos humanos, apoyo y búsqueda de personas desaparecidas, por décadas las autoridades han buscado nombrarlo de diferentes maneras, corrupción de menores, crimen organizado, lo que ayude para invisibilizar esta problemática que es una ruta nacional, la cual se ha manifestado en más de una ocasión por involucrar a toda la región.
Aguascalientes cuenta con trata de personas en todas sus modalidades, niños trabajando en cruceros, trabajadoras sexuales, así como explotación sexual infantil en varios puntos de la capital y de las comunidades rurales. Según informes de organizaciones civiles, esta entidad está en los primeros lugares en averiguaciones previas por denuncias de trata de personas, y sin embargo no aparecen en los números oficiales.
Esto conlleva a que no haya una investigación ni seguimiento de las denuncias, un desconocimiento de la autoridad (Ministerio Público) de cómo iniciar las averiguaciones y encuadrarlas en este delito; tampoco existe un reglamento ni un protocolo para la investigación de la trata en Aguascalientes, lo cual dificulta aún más la búsqueda de lograr la visibilización del problema para su atención y combate.
Los activistas sociales subrayaron no encontrar ningún compromiso de los gobernantes ni legisladores, sostuvieron que se debe de visibilizar cómo está realmente el estado y la región, contar con un diagnóstico real de la situación general, pues el crimen organizado no conoce de límites geográficos, trabaja por regiones y rutas que pueden abarcar de tres hasta 15 entidades, donde los sectores que más golpea es a las mujeres y niños.
Como presidente de la Comisión legislativa de Derechos Humanos en el Congreso local, Anayeli Muñoz Moreno enfatizó que la Ley General para la Prevención y la Sanción del Delito de Trata de Personas tiene facultad en todo el país, por lo que no hay ningún pretexto en el ámbito local pese a que no se tenga una Comisión legislativa especial ni legislación local en la materia: “Si existen casos de trata están obligados a investigarse y castigarse conforme a lo dispuesto en la ley”, para eso fue reformada hace unos meses con el cambio de denominación y fortalecimiento de su marco normativo.
Lo más importante de las declaraciones del fiscal sobre la existencia de trata en la entidad es que si ya fue detectado, deben trabajar de manera expedita en una estrategia clara y efectiva de seguridad para prevenir y que no sólo se sancione; este trabajo de prevención deberá llevarse a cabo en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que ésta pueda sumarse a las acciones de la Fiscalía con una visión más humanista.
Como tal el tema de la trata no se ha tocado en la Comisión, se considera que es más asunto de seguridad pública y justicia, sin embargo la diputada por el Verde Ecologista adelantó estar ya en planes de reunirse con el ombudsman para dialogar puntos pendientes como la trata de personas, la violencia de género, los feminicidios, entre otros más donde existe una afectación a las garantías individuales de los ciudadanos.
