- Fiscalía no ha dado carpetazo al caso del helicóptero municipal
- Podría ejercerse acción penal contra otros cinco o seis ex funcionarios municipales
La compra, presuntamente irregular, del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) no es un caso cerrado para la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.
Tras cinco años en curso, la averiguación previa a funcionarios municipales de la administración 2008-2011, relacionada con la compra-venta de la aeronave, está a punto de arrojar acciones penales, informó Óscar Fidel González Mendívil en entrevista con los medios de comunicación.
Cuestionado sobre el particular, el fiscal general aclaró que aunque el proceso aún no se ha resuelto porque las investigaciones han llevado su tiempo y no porque duerman el sueño de los justos: “justo la semana pasada veíamos el tema con el fiscal que tiene el asunto y precisamente estamos analizando ya el resultado, es una gran investigación que ha tomado su tiempo pero que ameritaba lo mismo, por la serie de documentos de los cuales deberíamos tener nosotros para poder emitir una resolución”.
Gabriel Arellano Espinosa, ex presidente municipal y actual aspirante a una candidatura independiente por la gubernatura de Aguascalientes, junto con otros cinco o seis ex servidores públicos del ayuntamiento capitalino, se encuentran todavía sujetos a investigación por parte de la Fiscalía.
Según el funcionario estatal, el asunto está ya está en etapa de resolverse y pudiera ejercerse acción penal contra los implicados.
–¿En coincidencia con la época electoral?
–En absoluto. Son tiempos que las propias investigaciones plantean.
Enfático, González Mendívil aclaró que las investigaciones no tienen dedicatoria “sino que son hechos los que se investigan y esa es nuestra obligación. Que le toque a quien le corresponda”.
–¿En cuánto tiempo podremos conocer esta resolución?
–En este momento no es posible, ni estable, ni aconsejable establecernos un plazo en específico. Vamos a analizar muy bien para que la resolución que se tome sea jurídica y legalmente correcta.
El titular de la Fiscalía General apuntó que ya se citó a declarar a todos los participantes de la operación, presuntamente fraudulenta, y se tiene a disposición todos los elementos necesarios para la declaración de la sentencia que en breve será emitida.
En otro orden de ideas, dio a conocer que el expediente de la narco-casa iniciada en 2013, se encuentra en manos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR), al tratarse de un delito supuestamente vinculado con delincuencia organizada, específicamente con el grupo delictivo La Familia Michoacana.
