- En los hogares estas prácticas consumen hasta el 33% de los ingresos familiares
- Es necesario desmantelar redes de corrupción, no sólo sancionar a funcionarios involucrados
- Es necesario reducir brechas entre leyes federales y legislaciones locales: Transparencia Mexicana
El 50 por ciento de las prácticas de corrupción en México se presentan en la iniciativa privada, siendo la construcción el sector más afectado por este fenómeno en el ámbito nacional.
Según Eduardo Bohórquez Archives, director de la organización Transparencia Mexicana, la corrupción cuesta un promedio de tres trillones de pesos anuales a dicha industria, lo que agudiza la necesidad un sistema integral para sancionar no sólo a los órganos de gobierno, sino también a las empresas que participen en este tipo de actos: “en la última reunión de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) planteamos que la primera reforma derivada del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) debe ser a la Ley Federal de Obra Pública y a la Ley de Adquisiciones”.
Antes de asistir a la reunión del consejo consultivo del senador Martín Orozco Sandoval, Bohórquez Archives consideró necesario implementar un cambio de paradigma para acabar con esta problemática en esferas tanto públicas como privadas: “a partir de 2014 comenzaron los trabajos para una reforma constitucional que culminó en este año (…). El SNA reemplaza lo que durante 40 años pensamos que funcionaba, pero hoy sabemos que no, de un zar anticorrupción. En los años 80 se creó la Contraloría General de la República pensando que podía cumplir la tarea que debían desarrollar un conjunto de instituciones (…). Las democracias avanzadas en el mundo no tienen zares, sino sistemas anticorrupción donde el fiscal, el auditor superior y el contralor se coordinan para dar resultados”.
El SNA requiere de reformas legislativas en 22 leyes generales -incluyendo dos leyes secundarias- contenidas en 14 artículos de la Constitución Mexicana. Se prevé que incursione por fases y que su consolidación tome entre tres y diez años.
En conferencia de prensa, hizo hincapié en que este sistema coordinará las ordenanzas federales, estatales y municipales que se encuentran basadas en una política federal y 32 estatales que operaban en forma prácticamente descoordinada: “México nunca tuvo política nacional anticorrupción, sólo federales y estatales sin figura que articulara todos estos esfuerzos”.
El director ejecutivo de Transparencia Mexicana refirió que el Sistema Nacional de Transparencia, surgido a partir de cambios y adiciones al sexto artículo constitucional es por sí mismo insuficiente toda vez “si se tienen que subir los contratos una vez asignados o adjudicados, entonces llegamos tarde al asunto”.
En el ámbito empresarial, la novedosa legislación permitirá elevar las exigencias a las autoridades a la vez de aumentar la autorregulación a través de acciones preventivas evitar incurrir en esta práctica.
Se espera que las modificaciones a la Ley General de Responsabilidades entreguen facultades para castigar a todos los actores inmersos en corruptelas. Se prevé que las sanciones asciendan desde órdenes de aprehensión hasta la disolución de empresas: “y un asunto novedoso que requiere de trabajo legislativo que es la extinción de dominio para particulares, es decir no sólo los bienes que sean fruto de corrupción pueden ser objeto de extinción de domino”.
Eduardo Bohórquez Archives mencionó que los hogares mexicanos promedio destinan entre el 14 y 33 por ciento de sus ingresos a la solvencia de actos de corrupción en áreas de trámites y servicios, por un monto de hasta 23 mil millones de pesos al año, recursos que bien pudieran invertirse en la cobertura de las necesidades familiares tendientes a mejorar sus condiciones de vida.
