En México subsiste, de manera generalizada, tanto en círculos oficiales como académicos, una confusión conceptual en torno al término “seguridad nacional.” A menudo, se pretende equipararlo con las expresiones “seguridad pública” (i.e. el ámbito de operación de los órganos judiciales y policíacos que mantienen el orden interno), o “defensa nacional” (i.e. atribuciones de las fuerzas armadas). Si bien ambos aspectos deben incorporarse, por necesidad, a cualquier análisis comprensivo del tema de la Seguridad Nacional, por sí solos imponen limitaciones inaceptables a la comprensión del fenómeno.
Hay tres rubros a considerar en cualquier definición de la Seguridad Nacional: la defensa de la integridad territorial, de la soberanía y del orden institucional.
¿Debe el gobierno mexicano abordar de lleno la conceptualización e implementación de una política de Seguridad Nacional? Esta pregunta nos introduce a un debate espinoso y complejo. Pero de su resolución dependerá, en buena medida, el papel y el margen de acción de México en los escenarios regional y mundial.
El tema de la Seguridad Nacional encierra implicaciones internas y externas, así como opiniones francamente contradictorias. Sus detractores se oponen a la inclusión del asunto en la agenda gubernamental, como receta para el autoritarismo y la dependencia, al impugnar los esquemas de seguridad continental imperantes. Sus promotores lo perciben como una cuestión prioritaria para el interés nacional.
Para avanzar hacia una concepción integral de la Seguridad Nacional, es preciso incorporar a la misma el análisis objetivo y sistemático de la disponibilidad y suficiencia de los elementos de sustentación con los que cuenta en el sistema político mexicano, y de sus objetivos fundamentales. Los primeros podrían dividirse en tres categorías: recursos humanos; recursos físicos; y recursos institucionales.
En el análisis de los recursos humanos, resulta de primordial importancia la determinación de los niveles de calificación, organización y dirigencia de la población, para tener una idea clase de su efectividad en conjunto. En primera instancia, habría que precisar la actuación de los niveles políticos de toma de decisiones, es decir, las cualidades y las carencias del liderazgo nacional. Se examinaría el grado de compromiso y responsabilidad con el buen funcionamiento del sistema, por parte de los servidores públicos comprometidos con la tarea en cuestión, a través de su desempeño, esto es, honestidad, integridad y capacidad, tal como estas conductas afectarían al mismo.
Al plantear los requisitos de Seguridad Nacional, resulta fundamental el nivel de cohesión social: armonía y consenso; toma de conciencia y participación política; así como la capacidad de movilización de los recursos humanos. Aquí estaría incluida también la capacidad tecnológica, i.e. logros y procedimientos que coadyuven al rendimiento óptimo del factor humano.
Por lo que respecta a los recursos físicos, las tareas se centrarían en aspectos tales como: imperativos geográficos; un inventario de recursos económicos y financieros disponibles, por regiones; la capacidad industrial; el nivel de autosuficiencia agrícola; los grados de penetración económica y dependencia foráneas.
Asimismo, se impondría la inclusión en los esquemas de análisis, la viabilidad ecológica del sistema, i.e.la relación del mismo con su medio o entorno de operación.
En el examen de los recursos institucionales intervendrían, entre otros, los siguientes aspectos: estabilidad política; orden jurídico; capacidad militar; voluntad y propósitos estratégicos; y política exterior (alianzas, prestigio, reputación, principios y continuidad.
Se trataría de determinar: el grado de permanencia y solidez de las instituciones; la correspondencia entre “instituciones políticas formales” y la “realidad social,” o entre “ideología política oficial” y “cultura política real.”
De especial importancia para los objetivos de Seguridad Nacional, serían los niveles de legitimidad, credibilidad y consenso, lealtad a las instituciones, y fuentes de oposición o disconformidad con el sistema tales como la fortaleza relativa de los grupos de presión y los partidos políticos, y los procesos electorales.
Asimismo, se otorgaría especial atención al funcionamiento de la administración pública: eficiencia burocrática, i.e. efectividad en la implementación de las políticas; asignación y manejo de los recursos; y nivel de bienestar social de la población (salud, educación, alimentación, vivienda).
Sólo a partir de la correlación entre todos los elementos ya mencionados, endógenos y exógenos, podría surgir una concepción integral de las Seguridad Nacional, orientada hacia los objetivos torales del sistema: unidad e integración nacional; desarrollo y modernización; e integración regional, con otras naciones de la región latinoamericana.
A fin de cuentas, la Seguridad Nacional implica, por necesidad, la prospectiva: el análisis permanente, global, objetivo, del contexto de operación y del horizonte temporal en que se ubicará México en plazos prefijados.
En concreto, la Seguridad Nacional constituye un factor clave y decisivo, como fiel de la balanza, para fortalecer la capacidad del sistema con el fin de armonizar los intereses domésticos y las presiones foráneas.
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