En los últimos meses hemos observado que la educación en México y su reforma se están llevando al enfrentamiento violento entre dos posiciones. Son las dos posiciones conocidas a través de los medios de comunicación: el Gobierno de la República, defendiendo la Reforma Educativa, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) oponiéndose a ella.
Una característica de la forma como comúnmente nos acercamos para conocer problemas como éste consiste en orientarnos con el criterio de determinar cuál de las partes tiene la razón y cuál no; será la forma como iremos construyendo nuestra propia opinión, para lo cual nos apoyamos en las informaciones difundidas por los mismos medios de comunicación, siendo necesario tomar distancia para percibir, previamente, si el medio seguido está alineado a alguna de esas posiciones.
Un primer acercamiento nos lleva, consecuentemente, a evitar la absolutización de “la razón” en una de las partes; es decir, no podemos dar la razón “absoluta” a una parte y quitarla a la otra. Es necesario plantear los argumentos de una y de la otra parte, y, poco a poco -con la información disponible-, avanzar en esa construcción de opinión propia.
De esta manera, observamos que lo común en este momento, en muchos medios de comunicación, está siendo determinar como verdad absoluta la razón de la SEP, con su nuevo secretario, y descalificar -por vándalos, corruptos e irresponsables- a los maestros disidentes. Por ello se vuelve indispensable tomar en cuenta algunos otros elementos que están presentes en el problema educativo que parece escalar cada día en otros estados de la República. El antecedente inicial, considero, es señalar que la fuerza del grupo magisterial disidente, aunque hoy parece estar ya disminuida, fue generada y alimentada por los mismos gobiernos desde hace décadas. Sin embargo, en estos años se ha extremado el aspecto de la violencia con maestros que, en las movilizaciones, han sufrido lesiones y muertes.
Un punto clave en el contexto es la capacidad-incapacidad de la autoridad gobierno para llegar a acuerdos con la parte disidente de maestros. Cierto, la violación a las leyes, cualquiera que ésta sea, debe ser corregida y sancionada según sea el caso; en este punto no hay duda, las autoridades responsables deben actuar y evitar la impunidad. No obstante, también es este punto el que se volvió costumbre violar, y esas autoridades que debieron actuar ante la violación a la ley y evitar la impunidad son también responsables por no haber actuado apegadas a la ley durante décadas.
Las negociaciones y los acuerdos, por esencia, tienen como centro la consideración de las coincidencias (de otra forma no serán negociaciones, sino simple apariencia); las coincidencias van por delante de las disidencias que, de manera natural, siempre están presentes. Pero cuando son las disidencias del asunto a tratar, como es en este caso la Reforma Educativa, las que llevan la preferencia porque la autoridad así lo decide, entonces son las disidencias las que estarán por encima de las coincidencias, estorbando el arribo a los acuerdos.
Preguntas obligadas ¿en realidad los funcionarios responsables no pueden convencer a los maestros disidentes de la bondad de una reforma educativa y de la necesaria evaluación magisterial? ¿los maestros disidentes en realidad carecen de cualidades personales como para comprender que el modelo educativo debe transformarse y que la evaluación docente es tan necesaria como la que ellos aplican a sus alumnos? La primera respuesta obligada a ambas preguntas es que las dos partes sí pueden llegar a acuerdos. Entonces, ¿por qué no hay acuerdos, y lo que sí sucede es el escalamiento de la confrontación?
Otro punto clave: es la parte gobernante la que, por lo general y natural, cuenta con mejor base y fuerza ante cualquier circunstancia que se presenta en una sociedad; es la posición del gobernante la que tiene la mayor capacidad y posibilidad de solucionar, o no, los conflictos existentes. Consecuentemente, ¿cuál está siendo la opción que está tomando la autoridad mexicana ante la oposición de la CNTE? La respuesta es que la autoridad mexicana está llevando la educación a un estado de sitio.
Un elemento significativo: mientras la cantidad de maestros convocados a la evaluación, por ejemplo, en Guerrero fue de tres mil 24 -de los que se presentaron dos mil 537-, la cantidad de maestros en manifestación fue de varios miles, y la cantidad de policías federales presentes también fue de miles (como lo han informado los medios de comunicación en estos días). Los resultados de los enfrentamientos ya los conocemos, habiendo un maestro muerto en Chiapas.
En este contexto, el significado y la esencia de la educación queda, prácticamente, quebrantado; la acción que concientiza, libera y otorga dignidad a la persona se vuelve todo lo contrario. Si el actual gobierno de la República está creyendo que defiende y apoya la educación en nuestro país, llevando a cabo estas acciones policiales y de enfrentamiento, “en aras de la educación de la niñez”, en realidad está lejos del profundo sentido que tienen tanto el gobernar una sociedad, como el de hacer educación.
Podremos caracterizar a los maestros según los observamos. Sin embargo, encontramos dos puntos fundamentales que debemos considerar en la Reforma Educativa: los maestros son los actores coadyuvantes en el proceso educativo de los ciudadanos, y el punto de partida lo determina la condición actual en que se encuentran alumnos-maestros-padres de familia. El proceso educativo se da, entonces, con los diversos actores a partir de cómo están ahora -incluida la mala costumbre de la impunidad- y no de un supuesto irreal de cómo quisiéramos que estuvieran. La acción educativa es la que irá transformando esa condición actual para llevarla a la nueva condición que queremos ser como sociedad y país.
No es, por lo tanto, “peleando” con los actores del proceso educacional, como la política educativa mexicana logrará la transformación del país que tenemos; de ahí la importancia de los acuerdos.
