En otro capítulo que parece sacado de la vívida imaginación del exfabulador general de la república (Hernández dixit), el entonces cansado y ahora seguramente descansado y flamante embajador de México, Murillo Karam; oímos a la actual titular de la Fiscalía federal, quien por cierto es hermana del vicepresidente de noticias de televisa, leer (muy mal por cierto: le urge tomar unas tilas dobles antes de sus conferencias de prensa y también familiarizarse un poco con la terminología del ramo federal que ahora encabeza gracias, sobre todo, a sus prominentes vínculos familiares) el parte de novedades respecto a la persecución y captura del famoso delincuente Joaquín Guzmán Loera, alías El Chapo, tres veces fugado al día de hoy en lo que parece una mala comedia de enredos inverosímiles estilo culebrón de telenovela.
Antes, más temprano por la mañana, el titular del Ejecutivo federal anunció personalmente la noticia en su cuenta oficial de twitter, como si dicha detención fuese un asunto de Estado (¿lo es?) haciendo eco en el anuncio de una desafortunada frase que el malogrado George Bush dijo después de consumar la ilegal e injusta invasión de Irak: “misión cumplida”. Asumamos de preferencia que el titular del Ejecutivo federal no pretendía imitar al malhadado y falaz Bush, y que ese tuit fue uno más de los numerosos deslices y dislates a lo Vicente que suele cometer.
Lo cierto, parecen coincidir muchos especialistas en el tema del crimen organizado: internacionalistas, antropólogos, historiadores, sociólogos y periodistas, es que al gobierno en turno se le presenta un grave dilema después de la captura del conspicuo personaje en cuestión: ¿extraditarlo o no extraditarlo a los Estados Unidos? Y no hay respuesta fácil, porque ponerlo en manos del gobierno imperial equivale a exhibir a miradas no necesariamente discretas y destapar la caja de pandora de las complicidades que por décadas han permitido al Chapo y a la organización multinacional que encabeza, denominada Cártel de Sinaloa, beneficiarse de la protección de numerosos políticos, funcionarios y gobiernos.
No extraditar al afamado ingeniero en túneles expone al gobierno a una nueva fuga y a un nuevo ridículo internacional ante la falta de capacidad, demostrada ya en dos fugas anteriores, para procesar y custodiar con certeza a los delincuentes de alto perfil como Guzmán Loera.
Pero vayamos a lo importante, una vez consumada la nueva entrega del show mediático: está claro que las detenciones artificiosas no resuelven por sí mismas ni de manera inmediata el grave problema del crimen organizado en México, ni de la impunidad, la corrupción y las mafias que rigen la vida del país y sus regiones. Sigue faltando una estrategia integral de combate al crimen que, como dice Edgardo Buscaglia, entre otros especialistas, ataque de verdad las raíces del fenómeno: procesar políticos y funcionarios que protegen delincuentes, atacar las finanzas de los cárteles y políticos corruptos -un ex desgobernador de Sonora de apellido Padrés, por ejemplo, cuyos empleados se pasean por la calle con millones en efectivo; pero que es sólo un caso más entre muchos más. Atajar la impunidad y despolitizar el aparato de procuración y administración de justicia en un país donde se denuncia y se enjuicia a cinco de cada cien delitos cometidos. Hace falta también una política de drogas coherente con la despenalización que ya sucede en otros países, señaladamente el ávido consumidor del norte.
Para dar seguridad a los ciudadanos y pacificar al país hacen falta justicia pronta y expedita, tanto como rendición de cuentas; balances, contrapesos, gobiernos abiertos al escrutinio público, policías profesionales e investigaciones serias que nos digan con certeza y por ejemplo, dónde están los 43 que nos faltan; entre muchos otros asuntos de violaciones graves de los derechos humanos. Nada más, pero nada menos.
@efpasillas
