- Proveedores impugnaron las multas emitidas por la delegación
- Proactiva Medio Ambiente Caasa se encuentra entre los infractores que acudieron a tribunales en 2015
La delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no ha podido ejercer sanciones por un monto estimado de un millón de pesos ya que los infractores acudieron a instancias legales con el fin de evadir sus responsabilidades.
Los proveedores tramitaron demandas de amparo o juicios nulidad contra los procedimientos de infracción a la ley originados por el incumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) o las Normas Oficiales Mexicanas. Recurrieron al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), salas o juzgados regionales para impugnar las multas, aduciendo que los costos fueron excesivos, o bien, que las medidas son inconstitucionales, de acuerdo con información de la dependencia.
El ámbito de la verificación es el que acumula el mayor número de recursos legales, toda vez que las multas que se imponen son las más altas, con montos que ascienden hasta los 200 mil o 400 mil pesos, en comparación con las infracciones ordinarias que oscilan entre cinco y diez mil pesos.
Son los corporativos grandes, que disponen del capital necesario para contratar despachos y herramientas jurídicas para emprender los procedimientos, quienes más se amparan contra las resoluciones de la delegación federal.
Cuando esto ocurre, las empresas solicitan un juicio de nulidad, posteriormente las instancias legales evalúan el expediente para determinar la viabilidad del juicio, para saber si Profeco actúa de forma correcta o hay una situación anormal como lo indican los quejosos. Generalmente el juez otorga la razón a esta Procuraduría, desecha la demanda, ratifica la sentencia y ordena a la Secretaría de Finanzas del Estado que ejecute el cobro correspondiente; pero si el recurso se valida, existe la posibilidad de tramitar un amparo ante una sala regional y las posibilidades de defensa se amplían.
En el ámbito nacional, Profeco tiene que litigar más del 40 por ciento de las sanciones que impone, los juicios son largos y esto resta eficiencia a las acciones emprendidas. En Aguascalientes, la suma de los recursos que se encuentra actualmente en litigio es equiparable al monto recaudado en 2015 por concepto de sanciones, que es de un millón 175 mil 360.63 pesos.
Por esta razón se creó, en 2012, una jefatura jurídica encargada de dar seguimiento puntual a los procedimientos de sanción, con el objeto de garantizar el pago de las sanciones e impedir que los abusos contra el consumidor permanezcan impunes.
Algunas de las empresas que acudieron a los tribunales el año pasado son Proactiva Medio Ambiente Caasa, Autofinanciamiento de México, Casas Javer, Chedraui, Massimo Dutti y Worldwide Financial Systems.
