- Anayeli Muñoz Moreno pide analizar las cuestiones legales que atraería, tanto administrativas como operativas
- Mientras el municipio capital no actúe como autoridad exigente, los abusos a los usuarios seguirán
Reclama la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso local que la presidencia municipal de Aguascalientes en lugar de presionar a la concesionaria del agua para respetar el título de concesión, por medio de su anunciado decálogo de demandas hacia Proactiva Medio Ambiente Caasa, permita los abusos cometidos hacia los usuarios que, ante todo, son ciudadanos con derecho a recibir el servicio del agua.
Cansados de no tener respuestas de la autoridad municipal ante los múltiples reportes que reciben a diario, tanto en lo personal por cada diputado como en el Comité de Gestoría y Quejas del propio Poder Legislativo; los integrantes de la comisión en la materia, respaldan al presidente Jesús Rangel de Lira para solicitar la rescisión del contrato de concesión, ya que los llamados y exhortos realizados desde años atrás no han funcionado para acabar con los abusos a la población.
Para la diputada Anayeli Muñoz Moreno, esto puede ser un arma de doble filo que debe analizarse minuciosamente, pues hay muchas cuestiones legales que se tienen que revisar, tanto administrativas como operativas, porque con más de 20 años con esta concesionaria no sería tan fácil para el ayuntamiento que de la noche a la mañana llegara otra empresa o en su caso que se le regresara la facultad del servicio; “yo creo que primero hay que revisar qué otras cuestiones podemos hacer para que la concesionaria deje los abusos”.
Tanto Muñoz Moreno como Rangel de Lira reclamaron la falta de interés de la actual administración municipal de mejorar el servicio a los aguascalentenses, ya que a pesar de haber presentado en octubre del año pasado un decálogo de demandas a la empresa, a la fecha sólo le ha favorecido a la concesionaria, no a los usuarios: “pareciera que en lugar de meterlos en cintura lo hayan creado para favorecerlos, eso sólo fue para la foto y el trabajo mediático pero de resultados no hemos visto nada”.
A diferencia de lo señalado por la empresa sobre que “el Congreso estaba en contra de ellos”, los legisladores aclararon que lo único que se exige es que se cumpla con la ley y con el contrato firmado con el Ayuntamiento: “no les pedimos algo fuera de sus posibilidades ni algo que no puedan hacer”, la preocupación ha incrementado pues a menos de un año de concluir con esta legislatura los cambios hechos a la ley no han podido ejecutarse como tal, pues la concesionaria continúa violando los derechos de los ciudadanos, tanto con los cortes como con los cobros irregulares a las facturas mensuales.
Las reformas integrales que se han hecho a la Ley del Agua fueron creadas para mejorar el servicio para la ciudadanía, no para afectar a un tercero, pero debido a que el Ayuntamiento no obliga a sus organismos verificadores como Ccapama a seguir la ley, la concesionaria se toma la atribución de hacer y deshacer a su voluntad.
La representante del PVEM lamentó que a pesar de que el municipio cuente con un organismos que vigila y regula la operatividad de la concesionaria, este sólo se ha convertido en un cómplice de la empresa: “Ccapama es un organismo que no hace absolutamente nada, deja en total anarquía a la concesionaria, por eso hace lo que hace”.
El petista subrayó que mientras el Ayuntamiento no tome una posición de autoridad real y exigente, ellos como Congreso no podrán hacer más que seguir en la lucha porque se respete el título de concesión.
