- Conflicto con la Unacar es información de carácter confidencial
- La dependencia estatal echó mano de un acuerdo de reserva redactado en 2009
La Unidad de Enlace del Instituto de Educación de Aguascalientes se negó a una solicitud de información relativa al convenio suscrito en 2012 con la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar). El alegato dice que la confidencialidad domina cuando el asunto se encuentra bajo litigio judicial.
El instituto disputa 239 millones de pesos en el Juzgado Quinto de lo Mercantil, con sede en Aguascalientes, pues el plantel campechano incumplió con lo dispuesto en el Programa de Habilidades Digitales para Todos, generado por la Secretaría de Educación Pública; 645 salones de nivel secundaria debía equiparse con tecnología, y un grupo de docentes debió recibir capacitación y seguimiento en el manejo de los nuevos recursos.
La Universidad Autónoma del Carmen únicamente ejecutó 160 de los 390 millones de pesos puestos a disposición.
A la dependencia estatal se le requirió copia del contrato de compra de equipo, copia de la póliza de pago e información sobre el proceso de licitación. La respuesta contenida en el procedimiento de acceso a la información PAI.OO7/16 indica que “la información solicitada es información reservada mediante el Acuerdo de Reserva No. IEA/DG/07/2009”.
El documento en alusión, puesto en vigor hace siete años, impide divulgar toda clase de datos cercanos a la esfera de los tribunales. Oscar Ponce Hernández, antiguo director del Instituto de Educación de Aguascalientes, es el firmante del acuerdo de reserva. En el dictamen se lee: “Determino que se considera información confidencial toda aquella contenida en los expedientes judiciales, incluyendo aquellos que integran autoridades diversas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, independientemente del estado que guarde el juicio respectivo”.
Se añade que la información catalogada como confidencial sólo puede ser consultada por las partes que acrediten un “interés legítimo” en términos de leyes y códigos.
El asunto ha confrontado al Instituto de Educación con la disidencia. Cimientos del Magisterio considera que Gobierno del Estado tiene algo que ver con un “mega fraude”, en tanto Francisco Chávez Rangel niega rotundamente un escenario de tales características.
El responsable de la dependencia dijo en una entrevista anterior que el convenio con la Universidad Autónoma del Carmen fue tramitado por la Secretaría de Educación Pública, y que los litigios iniciaron en cuanto lo ahí dispuesto se rompió.
Manifestó además que el exrector Sergio Augusto López Peña lleva varios años demandado por la vía penal, y que las autoridades universitarias en turno reconocen el agravio.
