- La falta de capacitación en el nuevo Sistema Penal Acusatorio genera impunidad
- Se trata de una práctica generalizada en muchas instituciones públicas: Miguel Nava
En Aguascalientes durante el 2015 las denuncias de tortura aumentaron en alrededor del 400 por ciento, según lo comentado por Jesús Eduardo Martín Jáuregui, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Para Miguel Nava Alvarado, presidente de la defensoría de derechos humanos de Querétaro, la tortura es una práctica generalizada en el país y un tema que sigue pendiente.
Nava Alvarado es uno de los ombudsmans más activos en el país y ha laborado en diferentes estados de la República, de octubre de 2008 a mediados de 2011 fue delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Aguascalientes.
“El tema está pendiente, ya el transitorio en donde debió de haberse aprobado dentro del Congreso de la Unión lo relativo a la tortura y a la desaparición forzada no está, es muy grave la situación en donde el Comité Contra la Tortura el 4 de agosto se haya pronunciado en contra de nuestro país y éstas cuatro personas de baja California aún sigan privadas de la libertad”. Señaló Nava Alvarado en relación a lo resuelto por el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras el caso de cuatro jóvenes que fueron torturados por militares en Baja California en 2009 y que aún siguen presos.
“Ya el comité emitió una recomendación, una resolución que afecta al Estado mexicano y esto en conjunto con la visita que hizo el relator de la ONU, Juan Méndez, de la tortura, entonces indudablemente es un tema a tratar. Hoy en el país existen distintas entidades federativas que tienen una ley especial en materia de tortura, otros lo tienen incluido en el Código Penal, pero gravosamente la única entidad federativa en donde no está penalizada la tortura es el estado de Michoacán, lo sacaron del Código Penal, iban a crear una ley especial que nunca crearon y se quedó fuera. Nos damos cuenta que aunque el artículo 73 de la Constitución prevé que se va a legislar en materia de tortura y desaparición forzada por las autoridades federales, se venció el término y no tenemos ley contra la tortura en nuestro país. Es de los temas más importantes, porque así como lo dijo Juan Méndez, es una práctica generalizada en muchas instituciones del Estado mexicano.”
Según lo señalado por Jesús Eduardo Martín Jáuregui, una de las consecuencias de la instalación del nuevo Sistema Penal Acusatorio en Aguascalientes es el incremento de denuncias por tortura, debido a que este sistema resguarda la protección de los derechos humanos en confesiones que realizan los detenidos tras ser víctimas de tortura. Para Miguel Nava, la falta de capacitación en el nuevo sistema de juicios orales y su implementación paulatina han generado impunidad. El país lleva ocho años implementado este sistema en todas las entidades del país, la fecha límite es junio de este año: “La reforma a la Constitución en lo que hace al Sistema Penal Acusatorio de junio de 2008 en algunas partes es contraria a la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de junio del 2011, se tiene que avanzar, pero nos hemos dado cuenta de que genera impunidad, porque esta implementación de la reforma paulatina, ante la incapacidad de muchos agentes del Ministerio Público, policías y peritos de realizar un trabajo de investigación profesional ha generado en un sistema garantista que la falta de especialización provoque impunidad, porque prefieren conciliar los asuntos inclusive graves y cada vez son menos las puestas a disposición porque temen que como está mal integrado un expediente, al ser garantista, las personas quedan en libertad. Hay que plantearse este sistema, es muy eficiente, el problema no es la ley, sino las personas, la capacitación, tenemos esquemas de esto muy deteriorados”.
Nava Alvarado fue entrevistado durante su asistencia al tercer informe de labores de la senadora perredista por Aguascalientes, Angélica de la Peña, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República.
