- La apuesta es ciudadanizar la mejora de la vida urbana del estado
- Se debe aplicar la ley a empresas concesionarias del transporte público
Para la organización empresarial Coparmex, el estudio conformado para el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (Pimus), que costó 29 millones de pesos de recursos públicos y tres años de preparación, cuenta con importantes deficiencias en su propuesta para mejorar la vida urbana del estado.
Coparmex, en conjunto con organizaciones civiles como Cimtra (Ciudadanos por Municipios Transparentes), ha emprendido una serie de acciones y propuestas para el mejoramiento del transporte público urbano y la movilidad del estado. La apuesta de la sociedad civil organizada es ciudadanizar la integración de las propuestas para mejorar la movilidad del estado en base a las necesidades y requerimientos de sus habitantes.
Las organizaciones civiles organizaron el Foro Transporte Digno con especialistas y ciudadanos para discutir los temas de movilidad y condiciones del transporte público urbano, las propuestas ahí realizadas no fueron tomadas en cuenta para la conformación del Pimus debido a que éste ya estaba concluido.
“Lo que nosotros trabajamos en el foro no se tomó en cuenta porque el Pimus se desarrolló hace años y apenas están retomando el plan de manera pública. La empresa Idom (que realizó la propuesta del Pimus) es muy respetada y seria, aún así vemos datos que no están actualizados, vemos un Pimus que no sólo costó mucho en su conformación, sino que el poder implementarlo cuesta más de dos mil millones de pesos. Hay temas que el Pimus no contempla, en los que tenemos que poner mucha atención y que no requieren un costo más grande, los usuarios hablan sobre muchas deficiencias del transporte público. Dentro del foro vimos muchas ciudadanía participando, interesada en resolver este tema y entre los temas principales se encuentra un mejor trato a los usuarios, tema que no requiere una inversión fuerte, sino únicamente capacitación. Un trato seguro en donde una mujer que vaya sola no se sienta amenazada, una atención a personas con discapacidad, los camiones al día de hoy no están adecuados como la ley lo exige para que las personas con alguna discapacidad los puedan abordar, o personas de la tercera edad, que los ciclistas puedan transportar sus bicicletas dentro del camión, que las paradas estén cerca de ciclovías, cosas que no requiere los miles de millones de pesos. Vemos una serie de acciones que son las vías para solucionar el problema, el Pimus muestra soluciones pero no éstas. Lamentablemente no veo en este sexenio ni en el próximo que podamos tener una inversión de más de dos mil millones de pesos”, indicó Francisco Ruiz López, presidente de la Coparmex en Aguascalientes.
El pasado martes, el titular de la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (Seguot), Juan Carlos Rodríguez García, en conjunto con miembros de la empresa Idom, realizó la presentación del Pimus, mismo que debe actualizarse debido a que la información presentada data del 2013. Gobierno del Estado planea heredar a la próxima administración gubernamental la tarea de mejorar la movilidad del estado con una propuesta que cuesta más de dos mil millones de pesos de recursos públicos que aún deben de gestionarse.
La regulación de las empresas concesionarias del transporte es un punto clave desde la perspectiva de las organizaciones civiles para una movilidad más organizada y sustentable. Lo anterior no se toma en cuenta dentro de la propuesta del Pimus: “El Pimus no contempla la forma en la que estaría operando la concesionaria que conocemos como Atusa, una asociación civil que al día de hoy no tiene una figura jurídica dentro del plan de desarrollo urbano del estado, no tiene una figura jurídica que permita que se le sancione o regularla, existen dos concesionarios que a su vez se agrupan a través de esta organización, concesionarios que no están cumpliendo la ley, que no se les ha renovado la concesión, que tienen camiones más viejos de lo que la ley les permite, que no están dentro de la normatividad y eso resulta en todos los problemas de transporte público que tenemos. Lo que necesitamos es aplicar la ley que existe para ejercer la autoridad sobre los concesionarios y renovar algunos aspectos legislativos, nosotros tenemos una propuesta de ciudadanizar, los ciudadanos deben estar involucrados en cómo se trazan las rutas, en la mejora de los camiones, en si se está cumpliendo con la normativa o no”.
Aunque Rodríguez García ha asegurado en diversas ocasiones que mantiene reuniones de manera frecuente con los concesionarios del transporte público para mejorar el servicio a los usuarios, los resultados de dichas pláticas no son tangibles para la ciudadanía: “Nosotros hicimos un ejercicio de transparencia y nos dimos cuenta que el Comité Técnico que por ley debe existir y se integra por la Seguot y los concesionarios, mismo que la ley obliga que se reúna al menos cada tres meses, no se ha reunido desde febrero desde 2012, tenemos ahí un gran atraso, seguramente tienen reuniones en privado que no están solucionando las necesidades de la ciudadanía y tampoco la involucran”.
Las organizaciones civiles conformaron una iniciativa de ley que será presentada ante el Congreso del Estado una vez que se reúnan las 20 mil firmas que se requieren para su discusión entre los legisladores (o un mínimo de aproximadamente ocho mil firmas, el 1 por ciento de la lista nominal). Según lo comentó Ruíz López, los diputados tendrán 45 días para poner a votación ante el pleno legislativo la iniciativa de ley ciudadana: “Estamos entusiasmados, creemos que se pudo hacer de una manera más económica, creemos que se hizo tarde, y esperamos que no se haya hecho un estudio para justificar un gasto. Pero no se trata de atacar, creemos que la propuesta es ciudadanizar. Vemos a los diputados con buena voluntad, hemos platicado con los líderes de todas las bancadas y ellos se están sumando a lo que la ciudadanía propone. Nosotros vemos que ante un crecimiento económico de la ciudad las personas deben de encontrar la forma de transportarse en un transporte digno, sin la necesidad de un vehículo, en los países de primer mundo son los ricos los que utilizan el transporte público y eso es a lo que queremos llegar, no a tener más vehículos”.
