Cuando se logró que el principio de respeto pleno a los Derechos Humanos de los mexicanos se respetara, de manera plena y sin condiciones o cortapisas, y se elevara a rango constitucional en el artículo primero, y no como una garantía, sino como un derecho pleno de todos y cada uno de nosotros, se pensó que esto vendría a dar cauce a una serie de medidas en los tres ámbitos de gobierno, y en los tres Poderes, para cumplir con este precepto.
Sin embargo, en nombre de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, se han desatado una serie de violaciones a las garantías individuales que han desbordado la violencia y el temor de la sociedad. Sobre todo contra las autoridades, a causa de los informes diarios de desapariciones forzadas, detenciones sin orden de autoridad competente, operativos, en los que no se sabe si son autoridades o criminales disfrazados, confesiones de detenidos arrancadas mediante tratos crueles o torturas, y últimamente, en estos tres años, de ejecuciones extrajudiciales.
Todo esto comienza, en algunas regiones del país, a provocar que la sociedad civil salga a las calles a manifestarse y apoyar a las familias afectadas, con manifestaciones en las que se exige justicia. El caso emblemático es la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Durante las investigaciones, y con la ayuda de pobladores de áreas circunvecinas, se han encontrado fosas con restos humanos de cientos de seres humanos, los cuales, la mayoría, no han sido identificados; y por la presión sólo se dedican a tratar de encontrar rastros de los normalistas, sin tomar en cuenta que los cuerpos encontrados también tenían familia, y que sus asesinatos son tan punibles y criminales como los de cualquier otro ciudadano.
El último caso comprobado mediante videos, es el de cinco jóvenes a los que policías de Veracruz los secuestraron, y no se sabe a la fecha lo que hicieron con ellos. Y qué decir de los asesinatos que se suscitan a diario en Guerrero, a pesar de la presencia de miles de elementos, tanto federales como estatales, que se encuentran en ese estado en busca de los criminales. Esto nos lleva a la preocupación referente a que la autoridad, o está rebasada, o no tiene ni idea de cómo atacar a estas bandas de asesinos.
Esto es un fenómeno que si no se revierte se generalizará en acciones violatorias de los derechos fundamentales de los mexicanos, y sobre todo que, por otro lado, la impunidad con que las bandas criminales se adueñan de regiones, y como asaltan libremente en las vías de comunicación, secuestrando, extorsionando, y lo peor, en muchos caso quitándole la vida a sus víctimas, sin que sean detenidos; y lo hacen de manera repetitiva sin que teman ser detenidos.
Lo peor es que ya se conocen datos de que algunas autoridades han sido amenazadas por los grupos delincuenciales, para que pongan en el área de mandos de seguridad, a quienes ellos determinen, o bien para extorsionarlos con dinero de su presupuesto, para que un porcentaje se les entregue; o bien para que no hagan nada por detenerlos.
La sociedad civil se encuentra en una situación desesperante, pues sus derechos, o son violados por parte de la delincuencia, o bien, en algunas ocasiones por la autoridad, que se supone debería de protegerla y procurarle justicia. Actualmente, en muchas ocasiones, en virtud de que no se reciben las denuncias, o hay que estar más de un día para ser atendidos, se prefiere no presentar las acusaciones, y esto aumenta la impunidad, y sobre todo, la desesperación del ciudadano.
Creo que el hecho de que se haya elevado a grado constitucional, el respeto a los Derechos Humanos, no ha dado los resultados que la sociedad mexicana esperaba, a pesar de ser algo a lo que tiene un derecho inalienable e irrenunciable.
