Hacer pronósticos y construir escenarios futuros es humano. Errar en el cálculo, también lo es. Justamente pensar el porvenir es una idealización, en el sentido de que se representa un largo plazo modelo, idílico, en el que tan solo sumamos algunas variables. De ahí que el fracaso de nuestras predicciones sea constante.
En México, la promesa democrática aglutinó una gran esperanza. La alternancia fue vista como la llegada a una meta, más que como el inicio de una nueva dinámica de equilibrios en el espacio público, el arribo de la normalidad democrática. Se creyó que la democracia electoral solucionaría los problemas, y no lo contrario, que ahora resolveríamos nuestros problemas participando en la vía democrática. El cambio, para muchos, resultó en decepción.
En buena medida, la democracia fue concebida como un procedimiento electoral. Un fin en sí mismo. Sin embargo, así lo considero, la democracia es punto de partida y procedimiento. No sólo es un sistema para elegir gobernantes. Es más que forma; también es fondo. Su deber ser, su esencia, es la justicia como eje articulador y directriz del día a día de la sociedad, no únicamente en la política, sino igualmente en la economía y en la cultura.
Debemos reconocer que en los últimos cuarenta años avanzamos significativamente en la construcción democrática. Constatamos el desarrollo legal, institucional y procedimental en la esfera político-electoral, así como una creciente convivencia de la diversidad política. Hemos sido testigos de la consolidación del pluripartidismo y la celebración de elecciones libres, vigiladas y competidas. Difícilmente se puede negar que en las cuatro décadas pasadas, como nunca antes, los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos efectivamente se ampliaron.
No obstante, este proceso de transformación de la vida pública no se aparejó con la superación de condiciones de marginación, vital para el ejercicio pleno de los derechos humanos y el desarrollo democrático, como la desigualdad y la pobreza. En ese sentido, es imperativo continuar reforzando progresivamente las capacidades del Estado, para generar seguridad, confianza en las instituciones, bienestar social y económico, a fin de impulsar el desarrollo permanente de una ciudadanía fuerte, activa, fiel de la balanza del sistema democrático.
Como lo señala el informe Nuestra democracia (PNUD-OEA): “La celebración de elecciones periódicas, libres y limpias para la elección de representantes populares -una práctica normal en América Latina durante las últimas dos décadas- ha fortalecido la legitimidad de origen de los gobiernos de la región. Sin embargo, la percepción ciudadana de los partidos políticos, los agentes de la representación por definición y una de las principales instituciones asociadas a la expresión de la soberanía popular, no es positiva”.
La desconfianza en la política y los políticos es creciente. Incluso se ha llegado al extremo de rechazar el término entre los mismos ciudadanos con representación política, los integrantes de algún partido político o los dedicados al servicio público. Cada elección escuchamos que los contendientes definen a sus candidaturas como “ciudadanas”, tanto las partidistas como ahora las independientes. El rechazo al término lleva también el rechazo a la lógica elemental, ya que el ciudadano que participa en la vida pública, provenga de un partido o no, tenga representación popular o no, se convierte en un político. Es decir, partimos de un universo de ciudadanos: todos los políticos son ciudadanos, también hay ciudadanos que no participan activamente en la política, pero no se puede ser político sin ser ciudadano. Más aún, la calidad de ciudadano es ser parte de los asuntos públicos, en el quehacer común de la ciudad: la polis. Así, ciudadano equivale a político.
El fenómeno de la desafección política no es privativo de México. A nivel global se entrelazan debilidades institucionales con una serie de factores sociales y tecnológicos que están modificando la estructura tradicional del espacio público. La reivindicación de las causas y la protesta diversifican sus cauces, mientras que la representación social y política no ha sido aún capaz de organizar y encauzar sus demandas. Las redes sociales virtuales son un claro ejemplo de la nueva dinámica. Con gran celeridad, grandes fuerzas de movilización y comunicación desarticuladas, se unen, confrontan y polarizan. Los internautas se congregan para indignarse en la red, pero renuncian a la organización ciudadana en la plaza pública.
De algún modo, casi imperceptiblemente, hemos pasado de la premisa del equilibrio democrático a la lógica de la antipolítica. El conflicto social ha cambiado y la ciudadanía ha atomizado sus demandas. Se dice con cierta frecuencia que “nuestros sueños no caben en las urnas”. Más allá de reconocer la creatividad de la metáfora, que convierte al voto en una suerte de moneda lanzada al pozo de los deseos, habría que concebir a la democracia como un instrumento para la organización, la resolución de conflictos y el avance social con el acuerdo en lo fundamental.
Decepcionarnos de la democracia es similar a dejar de creer en nuestra capacidad individual. Desde luego, hay que aspirar a que mejore, pero sin dejar de tener en cuenta que los ciudadanos recrean la democracia. La participación organizada de la sociedad es la clave y el futuro de nuestro sistema democrático.
Tenemos el desafío de crear mayorías plurales, que compartan objetivos y valores comunes. Es preponderante generar una continuidad transformadora a través de la construcción y conclusión de acuerdos entre las diversas fuerzas sociales, políticas, económicas y culturales. El cambio social es posible con la participación organizada de la ciudadanía. Saldemos la deuda con nuestro futuro.
