El Global Wealth Report 2014 de Credit Suisse (2014) señaló que el 10% más rico de México concentra el 64.4% del total de la riqueza del país, lo que significa, según el reporte de OXFAM México, que entre 1996 y el 2014 la fortuna promedio de cada miembro de ese selecto grupo de mexicanos se ha quintuplicado pasando de 1,700 a 8,900 millones de dólares. La tasa de crecimiento del PIB per cápita en México ha sido ligeramente superior al 1% en promedio anual; es decir, que en dicho lapso, sólo ha crecido alrededor de 26%; crecimiento muy inferior a lo que han aumentado las fortunas de los multimillonarios mexicanos.
En otras palabras, según la fuente, el rendimiento real de la riqueza de 4 mexicanos es de alrededor de un tercio del ingreso acumulado por casi 20 millones de mexicanos, cuyo salario ha venido disminuyendo sensiblemente. La explicación más clara y sencilla es que se ha dado una transferencia de recursos de quienes menos tienen hacia aquellos más acaudalados. Cuando una situación de esta naturaleza se da, difícilmente se puede garantizar la gobernabilidad de un país, ahora que tenemos motivos de sobra para pre y ocuparnos, esta es una práctica que debemos desterrar.
Por su parte la OCDE señala en un estudio, que México ha tenido un pobre desarrollo en infraestructura de telecomunicaciones por falta de competencia y alta concentración del mercado, en el marco de un sistema legal abiertamente disfuncional donde la debilidad de las instituciones mexicanas contribuyó a la agudización de la desigualdad imperante en el país. Toda la población mexicana pagó tarifas telefónicas altas gracias a que Telmex, empresa telefónica antes del estado, se convirtió en monopolio privado.
En el caso del campo minero, la acelerada explotación minera en México permitió el enriquecimiento súbito de los empresarios dedicados a estas actividades. En nuestro país la minería ha gozado de privilegios fiscales, lo que propició la extracción acelerada de los recursos, favoreciendo desproporcionadamente a los concesionarios mineros mexicanos que se han enriquecido desproporcionadamente a costa del agotamiento de las riquezas minerales del país.
Nuestra política fiscal no corresponde a una economía desigual, a una que busque mejorar la distribución de los bienes y recursos a todas luces inequitativa (desigualdad injusta y evitable); deberían diseñarse instrumentos tributarios que permitieran reducir de manera significativa las brechas en el ingreso entre ricos y pobres. En otras palabras, no tenemos una política fiscal especialmente progresiva. Por el contrario, desde la óptica evaluativa del Coneval se puede apreciar que el efecto redistributivo de la política fiscal mexicana ha sido mínimo, por no decir nulo. Las tasas de pobreza patrimonial, de capacidades y alimentaria se mantuvieron prácticamente constantes a lo largo de dos décadas, cuando el crecimiento del PIB como vimos fue del 26%.
En México, el salario mínimo se encuentra por debajo de la línea de bienestar o de pobreza, y no sólo eso, sino por debajo también del doble de la línea de bienestar mínimo o de pobreza extrema. En palabras reales: un mexicano que trabaja una jornada formal completa y que percibe el salario mínimo sigue siendo pobre. Si con ese ingreso ha de mantener a un miembro más de su familia, a ambos se les considera pobres extremos.
Salario mínimo de los países de América Latina
Fuente: Estudio de Financial RED México, 2015
Somos de entre los países de la OCDE la nación que menores sueldos ofrece, en promedio devengamos: 15.6 miles de USD anuales, siendo el país que más horas trabaja al año con 2,226 y donde menos vale la hora trabajada 7.0 USD. Dentro de la OCDE Chile, que es también latinoamericano, nos aventaja con sueldo anual 22.4 (43% más que México), horas trabajadas 2,029 y valor de la hora trabajada 11.0 USD.
Del salario mínimo sabemos que no es suficiente ni para adquirir una canasta básica que provea de los nutrientes mínimos indispensables para llevar una vida saludable. La situación contraviene lo estipulado en la Constitución: que un salario mínimo debe garantizar un nivel de vida digno. Se pronuncian, empresarios, gobernantes y hasta líderes sindicales por no regularizarlo, como si fuera imposible hacerlo. Este es un caso único en toda América Latina. En ningún país del subcontinente se ha mantenido tan rezagado el poder de compra del salario mínimo como en México.
Las jerarquías se respetan entre nosotros en términos de ser obedientes con lo que promulgan, aunque sea injusto e inadmisible. La permisiva concentración del poder económico, busca y encuentra afanosamente la del poder político, para preservar sus privilegios, desembocando en un ciclo que perpetúa las ya de por sí acentuadas desigualdades.
El reporte de la OXFAM para México recomienda que en lugar de continuar con múltiples programas asistencialistas, que sólo buscan mitigar la profundidad y extensión de la pobreza, debemos enfocarnos en una política social basada en la exigibilidad de los derechos: a la alimentación, a la educación, a la salud, etc. El cambio de enfoque debe cambiar nuestro pensamiento en cuanto al Estado: ya no uno que dé, sino uno que garantice.
Lo anterior implica:
–La construcción de un auténtico Estado Social, que asegure que sus ciudadanos, por el simple hecho de serlo, accedan a un mínimo de derechos sociales, los cuales deberán garantizarse desde el inicio hasta el final de la vida.
–Acceso a educación de buena calidad y en instalaciones que cuenten con la infraestructura adecuada; acceso a la salud desde la infancia hasta la vejez, también en instalaciones adecuadas y con garantía de abasto de medicamentos y acceso a servicios hospitalarios mínimos; derecho a una alimentación suficiente y nutritiva, etc.
–Una suficiente política fiscal progresiva, para que los cuantiosos excedentes de los grandes capitales lo hagan posible. Se requieren tasas impositivas más progresivas para la parte más alta de la distribución.
–Que las tasas impositivas deberían equivaler, por lo menos, a las que se aplican a los ingresos laborales. En la actualidad, algunos de estos impuestos son inexistentes y, cuando existen, tienen tasas impositivas inferiores a los de los ingresos laborales.
–Reducir la desigualdad horizontal entre individuos que obtienen sus ingresos de distintas fuentes porque la estructura impositiva tiende a favorecer a las personas que más perciben y cuyas fuentes de ingreso son gravadas a tasas inferiores a las de las personas de ingresos bajos o medios quienes obtienen la mayor parte de sus ingresos de fuentes laborales.
–Generar, para todo lo anterior, fuentes de trabajo que respeten los derechos laborales y promuevan a quienes su iniciativa resuelva necesidades sociales prioritarias.
