Reglas para vestir, para expresarse, para querer, para ser; fue lo que interpreté al escuchar la sugerencia de una persona al quejarse de que las personas homosexuales, ante la petición de no besarse en público, “siempre salen con sus Derechos Humanos”, como los delincuentes que, según la mujer, se hacían los chillones al sacar el tema a relucir. Lo cierto es que el tema de los Derechos Humanos de las personas imputadas y en reclusión siempre causará polémica, debido al supuesto de que han violado la ley y con ello la seguridad, integridad o bienes de otras.
No fue hasta el suceso del penal de Topo Chico, donde 49 presos murieron, que el tema resurgió en México, y uno de los señalamientos ha sido por qué no forma parte de la agenda de campañas electorales. El asegurar los Derechos Humanos de las personas imputadas es una necesidad en un país donde los delitos de cuello blanco son menos perseguidos, donde se han registrado al menos 790 casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y encarcelamiento político según el Índice global de impunidad México 2016, y donde incluso se ha arraigo en el imaginario de la sociedad la frase “Nos equivocamos, ahí disculpe”.
Por supuesto que los delitos, la violencia y las agresiones deben ser castigados, recibir una sentencia, pero en el país existe un sistema penitenciario y judicial donde las personas incómodas para los sectores de poder pueden ser extraviados o encerrados, donde los chivos expiatorios parecen ser seleccionados al azar, donde algunos reciben privilegios mientras que otros, bajo tortura, puede asumir la culpa de la peor ignominia. Es por ello que asegurar la integridad de la persona imputada no es una aplicación de caridad cristiana, sino una necesidad.
Debido a dicho escenario de dudosa imputación, de insegura imparcialidad y poca legitimidad, el dilema es bastante amplio, pero incluso si se enaltece la justicia no es posible solicitar el despojar a cualquier imputado o encarcelado de sus derechos fundamentales, pues eso implicaría el aceptar abiertamente la inexistencia de un Estado de Derecho, además de que el objetivo del sistema judicial debería ser resarcir los daños, la reinserción social tras la condena, pero en especial evitar la reincidencia delictiva y prevenir otros actos de la misma índole. Sin embargo, ¿cómo advertir a la población de no realizar actos delictivos, violentos o agresiones si otros, por el poder político o adquisitivo, pueden comprar inmunidad?
Por otra parte, también sería benéfico el implementar programas de seguimiento a agresores, no como una forma de eximir culpas a través de la victimización de los que en su caso fueran culpables, sino que esto permitiría obtener más información y parámetros de interpretación para identificar los elementos que impulsan la violencia o la delincuencia. Si bien, se ha reconocido que en algunos casos las personas que cometen delitos graves padecen o padecían alguna enfermedad mental, entendida como un daño o alteración neuronal, en los actos delictivos también incurren factores sociales que de no ser atendidos de manera efectiva seguirán permeando en grupos, en jóvenes.
No pienso poner en cuestión el sentir y la impotencia de una persona que ha sido víctima de un delito, mucho menos de los seres cercanos que sólo esperan una verdadera justicia, pero debemos reconocer el panorama en el cual nos encontramos inmersos.
En el momento en que México lograra acceder a una impartición de justicia real, llegaría con ello la legitimidad y la confianza de la población, lo cual advertiría a la sociedad que todo acto delictivo o violento sería castigado, las víctimas sabrían que el daño sería reparado en la mayor medida posible. En caso de que las condenas fueran equitativas y respondieran verdaderamente a la gravedad de los actos, tal vez se erradicaría la reincidencia delictiva. Sin embargo, la justicia está ligada al derecho, a lo que se escribe y promulga, y es ahí donde también se encuentra otro punto de conflicto, pues así como hay una polémica por los Derechos Humanos para personas imputadas y en reclusión, existen otros dilemas, en especial los bioéticos, como el aborto, la eutanasia, la reproducción asistida y subrogada. ¿Será que en realidad la justicia es algo virtual? Aunque creo que la pregunta más profunda, a la cual tal vez no logremos responder es si sólo a través de lo penal, del castigo, de las leyes podremos vivir en paz.
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