- Gobiernos firman convenio de colaboración con la Secretaría de la Función Pública
- Es la primera vez que los municipios son incluidos en un plan de origen federal
Virgilio Andrade Martínez, secretario de la Función Pública, encabezó en Palacio de Gobierno la firma de un convenio de colaboración que formaliza los compromisos establecidos en la sesión que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) celebrara en noviembre de 2015: “Hoy se suma decididamente el estado de Aguascalientes para poder desarrollar los once puntos que integran esta agenda común, y que tienen que ver con la declaración de conflicto de interés, con la creación de comités de ética, reglas de integridad, reglas de contacto con el sector privado, involucramiento de los actores particulares y académicos, desarrollo de la ventanilla única nacional y transparencia de los funcionarios que participan en contrataciones y también de aquellos proveedores que requieren de mejora”.
En presencia de los alcaldes, Andrade mencionó que las presidencias municipales son las primeras en integrarse a la labor de combate a la corrupción. Añadió que la administración federal no puede acometer el proyecto sin la participación del sector civil, por lo cual celebró la sumatoria del Consejo Coordinador Empresarial.
La expectativa oficial dice que para cuando concluya el sexenio de Carlos Lozano de la Torre los once puntos de la agenda estarán del todo aterrizados. La Secretaría de la Función Pública se comprometió a acompañar a Gobierno del Estado en “este esfuerzo sin fin”.
El gobernador mencionó que la entidad tiene cinco años en tareas de transparencia y combate a la corrupción, pues desde 2011 se han promovido adecuaciones normativas e institucionales para favorecer la rendición de cuentas: “Por esta razón convertimos la extinta Contraloría General en la actual Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que ha reforzado las acciones para la eficiente, correcta, transparente y ordenada ejecución de los recursos públicos (…). Los aguascalentenses también estamos sumándonos a la reforma constitucional promulgada por el Ejecutivo federal, que ha creado el Sistema Nacional Anticorrupción”.
La corrupción, mencionó, no sólo es un acto inmoral de los involucrados, sino también un detonante de perjuicios para toda la sociedad, ya que genera desconfianza hacia las instituciones. Una práctica de esta naturaleza implica pérdida de confianza a la hora de pensar en inversiones, además de la consabida escasez de empleos formales: “Los aguascalentenses rechazamos de manera categórica todos aquellos actos que denigren el sentido de la función pública y que representen un atentado en contra del patrimonio público, por eso el addendum y el convenio de adhesión que hemos establecido con la Secretaría de la Función Pública, nos permitirá seguir fortaleciendo el Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública”.
De acuerdo con Lozano de la Torre esta es la primera ocasión en que los once municipios del estado son incluidos de manera formal en un programa federal a favor de la rendición de cuentas.
Apuntó que de acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Mexicano para la Competitividad, Aguascalientes en una de las tres entidades con menos actos de corrupción, lo cual no invita a un relajamiento en las mejoras al marco normativo en materia de respeto al acceso a la información pública, evaluación del desempeño de los servidores públicos y eliminación de focos de corrupción.
Pedro González de la Serna también participó en el evento. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial señaló que el sector se comprometía a cooperar en acciones de ética, transparencia, prevención y combate a la opacidad en las compras realizadas por el gobierno y en la asignación de obra pública: “Estaremos pendientes y activos en la promoción y fortalecimiento de los medios de denuncia ciudadana de aquellas conductas indebidas de servidores públicos, y seremos muy responsables a la hora de señalar porque nos hemos comprometido a aportar toda clase de pruebas y a colaborar en las investigaciones que tengan por objeto combatir la corrupción”.
El Consejo Coordinador Empresarial también compartirá estudios que permitan afinar las legislaciones locales.
