A principios de este año, el fiscal general del estado, Óscar González Mendívil, reveló ante integrantes de la LXII Legislatura que en Aguascalientes ocurren diariamente al menos unos 12.5 robos en todas sus modalidades. Ahí mismo ante nuestros representantes locales, el secretario de Seguridad Pública estatal, Eduardo Bahena Pineda, revelaba por su parte que a pesar de los “esfuerzos” el robo domiciliario y de vehículos siguen a la alza.
Estas cifras por su puesto preocupan sobre todo porque organismos como el INEGI en sus encuestas de Victimización y Violencia han dado cuenta de que el 90 por ciento de los delitos que ocurren en nuestro país no se denuncian por diversos motivos, que van desde la desconfianza de la ciudadanía en sus autoridades, hasta la falta de tiempo por lo engorroso que resulta el acudir ante las instancias correspondientes a presentar la querella.
A ello hay que sumarle que solamente el 2 por ciento de los delitos que se cometen se castigan, la mayoría de los delincuentes alcanzan fianza y quedan libres casi de manera inmediata. Es sumamente difícil, pues, castigar la reincidencia delictiva, un dato que también va al alza.
Permea en la población el sentir de la poca o nula actuación que hay de los cuerpos policíacos. ¿Qué es lo que está haciendo la ciudadanía? Organizarse para tomar justicia por su propia mano. Cansados de la mala actuación de quienes debieran resguardar a las personas y sus bienes materiales, vecinos de diferentes colonias de la capital, incluso de aquellas que no son tradicionalmente “tan conflictivas”, han creado redes de protección contra estos delincuentes.
Las detenciones las realizan ellos mismos y van más allá, al grado de aplicarles las golpizas de su vida a estos infractores de la ley, con tal de que el miedo los orille a nunca más tener la mínima intención de volver a estos fraccionamientos a hacer de las suyas.
Sin embargo, la justicia por mano propia no debe confundirse con el derecho que tiene una persona de defenderse ante una agresión hacia sí mismo, a un tercero o a uno de sus bienes. Si el damnificado detiene al agresor configura un caso de arresto civil. Ello está previsto dentro del derecho cuando la autoridad no está presente, pero si hay agresión hacia el delincuente, puede ser susceptible a que se le acuse por lesiones.
Retomo un texto publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos denominado así: Justicia por propia Mano, en donde el escritor y periodista Carlos Monsiváis resaltaba las estrategias de lo que él llamó la sobrevivencia: ¿qué otra cosa pueden hacer los pueblos si no armarse férreamente?
No hacerlo los convierte de inmediato en víctimas propiciatorias, siempre el alcance de un delincuente. Agregaba que las consecuencias de la explosión demográfica también intervienen: ¿quién atiende a una población tan vasta que suele abatir los índices del desempleo por vía de la delincuencia, yendo más allá en lugares donde los conflictos son aún peores en temas como el servicio armado a latifundistas, el sistema de cultivo de droga y la vigilancia para el narco?
Es difícil inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Las corporaciones de seguridad debieran garantizar una respuesta oportuna y eficaz, y no lo hacen; de ahí que la población decida actuar en consecuencia, sin embargo la pregunta quedará en el aire, ¿hasta dónde se incrementarán los niveles de violencia en estos casos de detenciones ciudadanas?
