La semana anterior fue noticia el hecho de que en Tierra Blanca, Veracruz, fue detenido un obrero de oficio mecánico, en un retén de militares; el detenido después apareció muerto y su camioneta incendiada. Este hecho se da a dos meses de que cinco jóvenes fueron detenidos por policías y después desaparecidos. A la fecha, a pesar de que están detenidos ocho policías, y uno ha confesado que fueron asesinados e incinerados los jóvenes, no se ha resuelto el caso para detener a los asesinos y autores intelectuales del caso.
En el caso del mecánico, su familia denunció que la última vez que se le vio con vida, estaba detenido por dos militares, y que ya después no se volvió a saber de él. El jueves, la Secretaría de la Defensa, en un comunicado, hizo saber que se había detenido a un capitán de la sexta región por faltas al honor y la disciplina militar, y que lo ponían a disposición de las autoridades civiles, en este caso, la Procuraduría General de la República, como responsable del asesinato del mecánico. Esto nos hace ver cómo la justicia militar es mucho más diligente que las autoridades civiles, y que el discurso del general secretario, Salvador Cienfuegos, el 19 de febrero, relativo a que no se tolerarían violaciones a los derechos humanos por miembros de la milicia, se está cumpliendo.
El Ejército en estos momentos tiene 213 mil elementos en activo, y de acuerdo a las autoridades de justicia militar, sólo un 2% de casos han quedado pendientes de resolver. Lo anterior, comparado con los casos en el área civil, en el que reportan que el 92% de los casos no han sido castigados por diversas razones. Esto nos hace pensar que algo está pasando en las procuradurías estatales y federal, para que su desempeño no sea el adecuado, con respecto a los derechos humanos de los mexicanos.
Ha sido ejemplar que el ejército haya reaccionado de una manera rápida e institucional, lo cual da una tranquilidad a la sociedad y la certeza de que en ellos a pesar del entorno hostil de los criminales podemos confiar como ciudadanos en cuanto al respeto a la ciudadanía.
Por otro lado también ha sido noticia, pero en sentido negativo, el que la organización de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos, en su oficina en México, de acuerdo a una denuncia de la señora Isabel Miranda de Wallace defiende a delincuentes, sobre todo secuestradores o extorsionadores, y a través del consabido truco de que se les violaron sus derechos humanos, busca que les otorguen su libertad. Pero no sólo eso, sino que también gana en los juicios el que se les indemnice del fondo para víctimas, y al lograrlo reparten las cantidades conseguidas. Esto lo han documentado con cuatro secuestradores, que inclusive mutilaron a su víctima cortándole un dedo para fin de cobrar el rescate. Esto es verdaderamente escandaloso, y creo que las autoridades mexicanas deberán de ver a fondo estos asuntos. De acuerdo con el director del fondo para víctimas, del total de indemnizaciones, ¡el 90% ha sido para delincuentes que han ganado los juicios por violaciones a sus derechos y por tortura! Esto francamente es anti natura, y creo que está sentando precedentes, y ahora las víctimas ven cómo aparte del dinero de su patrimonio que les fue robado, a través de las extorsiones y secuestros, los criminales son indemnizados del fondo que, se supone, es para resarcir a las verdaderas víctimas. Algo verdaderamente cruel.
Los dos hechos anteriores creo que nos ilustran de lo que reconocemos los mexicanos cuando las cosas se hacen con rapidez y dentro de los cauces de la justicia, así como en el segundo caso, cuando se desvirtúan las acciones de las instituciones y el que una oficina que representa a las Naciones Unidas se esté prestando a defender criminales ¡e indemnizarlos! Simple y sencillamente… ¡no puede ser!
