“La mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino también parecerlo.”
Julio César
Pronto habrá elecciones en 13 entidades federativas: se renuevan 12 gobiernos estatales y 956 municipales, más 388 diputaciones locales. Entre ellos los de Aguascalientes. Sin duda son todas nuevas oportunidades del cambio social que le urge a este país. Esto porque ya muchas voces desde la empresa, la academia, la sociedad civil o el periodismo han demostrado que la alternancia política no ha mejorado la calidad de la democracia o de las instituciones públicas, ni tampoco ha traído mejores gobiernos a los mexicanos. Paradójicamente, sí han aumentado los niveles de simulación, de impunidad y de corrupción tanto en los municipios como en los estados y en el Gobierno Federal.
Ejemplos sobresalientes hay en todos los partidos, no en balde son la institución más desprestigiada junto a los políticos y políticas, según diversas mediciones y estudios. Así, las cifras actualizadas de la corrupción pública -que desde luego no se entiende sin la complicidad de privados locales y extranjeros- que dio a conocer recientemente la Auditoría Superior de la Federación, rebasan las peores previsiones. Redondeando cifras de diversas fuentes, podemos decir que la corrupción nos cuesta a los mexicanos más o menos el 2% del PIB, o 1.5 billones (dice bien billones, no millones) de pesos al año.
Antes, supusimos casi ingenuamente que la alternancia y el pluralismo en los cargos de elección popular; las instituciones de contrapeso y la transparencia y rendición de cuentas elevadas a rango constitucional o la relativa independencia del poder judicial se traducirían en una efectiva contención contra conductas ilegales en campañas políticas y en el ejercicio del poder político, cosa que desde luego no sucedió hasta ahora.
Pero lejos del temor a la denuncia o al castigo, la clase política, con sus muy honrosas y escasas excepciones, se escudó en el tradicional encubrimiento y el silencio —o el solapamiento— del adversario en campaña o del sucesor en el cargo (pactos mafiosos de silencio, les llama Edgardo Buscaglia). A fin de cuentas a todos les resultó muy rentable ser corruptos cuando estuvieron en posición de serlo y no sufrir al cabo ninguna consecuencia. Sólo era cuestión de turno, apunta bien Casar.
Este grave panorama también tiene que ver con el constante arribo al sector público de personajes y personajillos de trayectorias opacas y dudosas, por decir lo menos. Son sujetos que no tienen ninguna vocación por el servicio público ni por el gobierno, y que mucho menos tienen aptitudes ni voluntad para resolver los problemas de sus estados y ciudades, que son muchos y acumulándose, porque solo fueron a la política para hacer negocios valiéndose de su posición, de lo cual en Aguascalientes tenemos destacados ejemplos que han sido varias veces nota nacional, así como otros muchos que permanecen ocultos. Así, es común ver candidatos y luego cargos electos que son autoritarios, ignorantes y lerdos hasta lo indecible, pero que en cambio son dóciles y serviles con quienes los financian, nominan y proponen. Así, sin escrúpulos ni capacidades de gestión ni liderazgo, sólo medran con el cargo en beneficio propio y de su camarilla, en vez de servir a la sociedad que los eligió.
¿Qué es deseable para hacer mejores gobiernos? En principio, nada del otro mundo. Ya Platón, Julio César o Maquiavelo e incluso Cervantes en voz del célebre Don Quijote dieron atinadas pistas, aunque ciertamente sería muy iluso esperar que la clase política lea un poco, y más en estos tiempos. Pero de manera empírica y en términos sencillos se puede decir que un gobierno eficaz tiene los siguientes atributos generales:
Coherencia y sensibilidad social. Cumplir lo que se ofrece, hacer lo que se dice y conocer los problemas sociales es esencial para hacer mejores gobiernos. Eliminar la prepotencia con los iguales e inferiores y el servilismo con los que en verdad mandan (los conocidos “poderes fácticos”) es imprescindible para conseguir cierta gobernabilidad.
Equipo humano. El candidato elegido no gobernará solo. Requiere de un grupo de personas en las cuales descargar responsabilidades complejas, donde cada vez más se necesitan menos premios de campaña y más perfiles técnicos y competencias profesionales adecuadas además de vocación de servicio, pues un gobierno no es cualquier empresa privada. Los servicios públicos de una ciudad, por ejemplo, no pueden quedar a la improvisación o a la ocurrencia de los amigos y compromisos del titular de una administración, como ha sido más que frecuente hasta ahora.
Comunicación social efectiva. No basta con hacer, hay que saber escuchar, encausar informaciones, debates, e iniciativas con sentido de utilidad pública. Ser capaz de informar sin arrogancia y con sencillez a la ciudadanía.
Ideas claras y liderazgo social. Saber que hacer y cómo hacerlo cuando se deja de ser candidato y se pasa a ser servidor público es fundamental. El liderazgo es algo parecido a poner el ejemplo en las tareas de gobierno, empezando por la propia cabeza de una administración.
Cultura de la legalidad y valores cívicos. El gobierno no puede ser una empresa privada ni un cortijo familiar. Es una res pública (cosa pública, de todos), y así debe ser manejado. Todos los representantes populares y servidores públicos rinden protesta constitucional cuando asumen sus cargos, y eso los compromete a un desempeño legal y a un estricto apego a sus facultades y obligaciones. Pueden y deben ser sancionados si no lo hacen, cosa que raramente ocurre por los pactos de impunidad de los que se ha dado cuenta.
Claro que es fácil señalar dichas características ideales, aunque lo realmente difícil será reunirlas en una persona y en el grupo que habrá de acompañarla a servir en un país donde los funcionarios se sirven del cargo y donde el servicio civil de carrera brilla por su inexistencia, de modo que todo se quiere inventar cada tres o cada seis años.
Es sabido que las filias y las fobias partidistas y el reparto de cargos condicionan mucho la calidad y el desempeño de los gobiernos, como hemos visto incontables ocasiones, pero sin duda es posible acotar estos intereses cuando se tiene el valor civil de poner por delante el beneficio colectivo sobre el privado y el gobierno eficaz sobre los cuates, las cuotas, los partidos y la política.
La lista concreta de temas para limpiar un poco la casa común es clara. Se puede empezar entre otras medidas, por eliminar los fueros y privilegios de todos los servidores públicos, regular en serio la propaganda gubernamental, reducir el costo de los órganos y los procesos electorales, transparentar finanzas, introducir normas de limitación de deuda pública para estado y municipios, nombrar jueces suficientes, imparciales e independientes con las cualidades y méritos suficientes, adaptar localmente las leyes del denominado Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, que por cierto incluya las 3de3.
Todo esto sumado puede poner un poco de luz en el largo camino que habrá que recorrer, pero no basta. Hace falta mucho mayor involucramiento de los ciudadanos organizados para controlar a los gobiernos y conseguir mejores resultados. Por ejemplo, nos cuenta El Universal (3 de marzo de 2016) que sólo diez de 32 gobernadores han hecho pública su declaración patrimonial, o que sólo 96 de 500 diputados federales ha rendido su 3de3. No sobra preguntar entonces: ¿Cuántos candidatos o servidores públicos en el país y concretamente los de Aguascalientes lo hicieron ya?
Post scriptum. “Hay que ver la política desde el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad”, decía con mucha razón Antonio Gramsci.
@efpasillas
